La decisión del Fiscal Jefe de Pontevedra de arremeter contra Audasa por su responsabilidad en los atascos durante las obras del puente de Rande ha generado una reacción en cadena en la provincia que le podría salir muy cara a la gestora de la AP-9. En su demanda, el Ministerio Público reclama indemnizaciones millonarias. Sostiene que cada usuario de la AP-9 en Rande tendría derecho a una compensación por lo abonado en peajes. La razón es que la concesionaria no puso nada de su parte para aminorar o compensar los perjuicios ocasionados a los conductores.
La propia Audasa sostiene que fueron más de 50 millones de vehículos los que atravesaron el viaducto que vuela sobre la ría de Vigo durante los tres años de obras. Y el fiscal calcula que los conductores habituales podrían tener derecho a miles de euros en indemnizaciones. Una simple multiplicación ha puesto a tiritar a la dirección de Audasa, que ya ha encargado un estudio a sus gabinetes jurídicos para la posible defensa judicial a la que se verán obligados.
Jorge Cebreiros anunció el viernes que trasladarán una queja formal al Ministerio de Fomento
Pero el quebradero de cabeza judicial para la gestora de la AP-9 podría no haber hecho más que empezar. Al día siguiente de que la Fiscalía hiciera pública su decisión de demandar a la empresa, el colectivo de transportistas de la provincia de Pontevedra anunciaron la presentación de acciones judiciales para reclamar por su cuenta nuevas indemnizaciones. Sostienen que podrían calcularse las pérdidas o el lucro cesante ocasionado por los retrasos en la autopista y quieren que la gestora de la vía los compense.
Apenas 24 horas después del paso anunciado por los transportistas, fue la CEP la que entró en acción. El presidente de la patronal pontevedresa, Jorge Cebreiros, anunció el viernes que trasladarán una queja formal al Ministerio de Fomento y, además, invitó directamente a "todas las empresas cuyos costes en su actividad se hayan visto incrementados por las obras de Rande" para que reclamen judicialmente una compensación "por los daños y perjuicios sufridos" durante los más de 40 meses de obras.
La Confederación de Empresarios informará a Fomento de su decisión y pedirá a los responsables del Ministerio que expliquen los retrasos de las obras en Rande y en la A-55, así como las acciones emprendidas desde el Gobierno central para corregir esta situación que, según dicen, "continúa mermando la competitividad de las empresas de la provincia de Pontevedra". El líder de la patronal se queja también del "limbo" en el que ha quedado la suspensión del peaje entre Vigo y Redondela, comprometido por el Ejecutivo anterior y que iba a hacerse realidad el pasado mes de julio.
Cebreiros señaló que la vía judicial "procede en este caso para reclamar las compensaciones a las que las empresas podrían tener derecho". Y añadió: "La paciencia todo lo alcanza y desde la CEP no cejaremos en nuestras justas demandas que, además, redundarán, sin ningún género de dudas, en beneficio del progreso de toda la provincia".
Audasa lleva recaudado en peajes durante las obras en Rande prácticamente tanto como han costado los trabajos, valorados oficialmente en 190 millones de euros. Tanto el Parlamento gallego como las plataformas de usuarios han pedido al Gobierno central que mprenda acciones contra la concesionaria por las deficiencias en los servicios y por los elevados precios de los peajes, además de solicitar (sin éxito) la transferencia a Galicia de la AP-9, algo sobre lo que se tendrá que pronunciar en breve el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez.
