Los trabajadores de Ambulancias Civera, la concesionaria que se encarga de realizar los traslados sanitarios no urgentes en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, han acordado iniciar una huelga en señal de protesta frente a las condiciones laborales que dicen soportar en la empresa.
El parón está convocado para los días 5, 7, 19 y 21 de abril, y en el supuesto de que no se llegue a acuerdo, a partir de mayo será con carácter indefinido. La previsión es que se cubran los servicios mínimos y que posiblemente estos sean del 100% aunque, según los convocantes, el impacto de la convocatoria será perceptible. No tanto en el traslado de pacientes en situación delicada (como los que reciben tratamiento oncológico o diálisis, que seguirán recibiendo asistencia), pero sí en los servicios menos graves, como puede ser el traslado a consultas o a sesiones de rehabilitación.
El delegado de la sección de Transportes de la CIG, Xabier Aboy, explicó este miércoles que la convocatoria responde a la gestión supuestamente "caótica" del servicio que realiza la concesionaria y al incumplimiento de varias medidas pactadas por convenio.
Según denunció el portavoz sindical, que compareció arropado por integrantes del comité de empresa, la compañía se ha negado a reducir horas para cumplir la jornada laboral real y a alcanzar el 90% de la plantilla fija que había comprometido por contrato, por lo que de aquí a final de año 25 de los 77 trabajadores contratados podrían serán despedidos. Además, aseguró que "non se cubren baixas", por lo que en muchas ocasiones quedan sin conductor varias de las 40 ambulancias que integran la flota.
Aboy añadió que por las noches y los fines de semana la empresa coordina los traslados desde Valencia, con las consecuentes disfunciones, y que las condiciones de los trabajadores dejan mucho que desear. Según dijo, hay deficiencias en el suministro de ropa, falta equipamiento básico en la sede de A Ermida (Marcón), hay vehículos sin la ITV pasada o con las ruedas destrozadas, y dos ambulancias aparcadas repletas de equipos de protección individual "contaminados", utilizados con pacientes covid.
La CIG ha pedido al Área Sanitaria que actúe, pero de momento sin éxito, mientras que la empresa indicó ayer que "estamos negociando para llegar a un acuerdo". El servicio fue adjudicado por 19 millones para el período comprendido entre abril de 2021 y marzo de 2026. El importe supuso un aumento del 30% respecto a la anterior concesión pero, según la CIG, en otras áreas el incremento fue mayor; por ejemplo, en Ferrol (85%) y Santiago (80%). Por ello, el sindicato emplazó al Área Sanitaria a mover ficha y a velar por el bienestar de los pacientes. De media, la concesionaria realiza entre 300 y 400 traslados.
