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La amnistía hipotecaria de Sánchez librará de pagar a 6.000 pontevedreses cada año

Protestas celebradas ante el Tribunal Supremo. RODRIGO JIMÉNEZ (EFE)
Protestas celebradas ante el Tribunal Supremo. RODRIGO JIMÉNEZ (EFE)

Tras la decisión del Tribunal Supremo de que los clientes se hagan cargo del impuesto AJD, el presidente del Gobierno regulará mediante decreto ley que esa carga corresponda a las entidades financieras a partir de ahora

El tira y afloja respecto a la decisión de quién debe pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la firma de una hipoteca todavía no ha terminado, después de que Pedro Sánchez moviese ficha este miércoles. Si bien a última hora de la noche del martes, y contra el pronóstico de la gran mayoría de los expertos, 15 de los 28 miembros de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo presentes votaban a favor de que el cargo sea asumido por los clientes de las entidades bancarias, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el miércoles por la mañana que este jueves se aprobará en el Consejo de Ministros un real decreto para asegurar que sean los bancos los que lo hagan, que entraría en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado del viernes.

Sin embargo, mientras que en el caso del fallo de Supremo se esperaba que regulase la retroactividad si se mantenía la decisión de su primera postura, en el caso del decreto ley está claro: será a partir del momento de su publicación. Así, queda atrás la posibilidad de que se les devuelva el importe del impuesto AJD a los 22.353 pontevedreses que firmaron una hipoteca entre noviembre de 2014 y agosto de este año (último mes del que existen datos), por valor de 2.337 millones de euros.

Así, la aprobación de este decreto ley podría afectar de media a unos 6.000 pontevedreses cada año, con hipotecas por valor de 613 millones de euros. Ahora, al pasar a corresponder a las entidades financieras el abono del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, en el próximo año solo en la provincia tendrán que desembolsar cerca de nueve millones.

Y es que este impuesto está cedido a las comunidades autónomas y, por tanto, cada una de ellas cobra la cantidad que considera oportuno (en una horquilla que va del 0,5 al 1,5 por ciento y con determinadas bonificaciones para ciertos colectivos), por lo que el importe que se podrían haber ahorrado los futuros hipotecados hubiera dependido del lugar donde se encuentra la vivienda que se desea financiar. Galicia es la quinta comunidad autónoma en la que más se paga de media, pues el impuesto AJD tiene un tipo general del 1,5%, por lo que el ahorro medio de los futuros firmantes de hipotecas sería de 1.420,3 euros, según los cálculos del portal kelisto.es.

OPCIONES. El enfado inicial de los usuarios y clientes dio paso al alivio después del anuncio de Pedro Sánchez. Para la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), fue "una verdadera victoria de los consumidores" y considera que el Gobierno "ha tomado un buen rumbo en las decisiones adoptadas", pero debe continuar por el mismo camino "con la aprobación en el Parlamento de una buena ley hipotecaria que defienda a los consumidores" en temas como las cláusulas suelo o el vencimiento anticipado.

Miguel Lorenzo, abogado. RAFA FARIÑA

Para el abogado Miguel Lorenzo, en cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo todavía es "muy pronto para sacar conclusiones o valoraciones jurídicas" al no conocerse el contenido de la misma. Sin embargo, no duda en admitir que "parece claro" que la imagen del órgano judicial ha quedado "una vez más, en evidencia ante los ciudadanos".

Así, Lorenzo recuerda la sentencia dictada por la Sala Primera del TS el 23 de diciembre de 2015 por la que se consideraba abusiva la cláusula que imponía al prestatario el pago de todos los gastos, tributos y comisiones del préstamo, "pero con matices en cuanto al alcance de esa declaración de nulidad, lo que no se entiende si nos ceñimos a su contenido y regulación en la ley".

Por otro lado, respecto al anuncio hecho por Pedro Sánchez de regularlo por decreto ley, el abogado entiende que "lo que ha hecho es legislar", rectificando así, de alguna manera, "el contenido de la sentencia dictada por el Supremo". Es decir, "al fin y al cabo, corregir la situación".

Sin embargo, Lorenzo pone el foco en los consumidores que han pagado el impuesto de AJD desde la aprobación del Reglamento, en el año 1995, hasta el día de hoy. "Seguramente quede la esperanza del planteamiento de recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea" y este enmiende, "una vez más y como en otras ocasiones, la solución dada por el Tribunal Supremo".

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