Un año. Es el tiempo que ha pasado desde que Miguel Anxo Fernández Lores diera un golpe de timón a su Gobierno. El 20 de abril de 2017, el alcalde comparecía ante la prensa para anunciar una "remodelación profunda" de su equipo con el objetivo de relanzar proyectos y obras y amortiguar el vacío que podría quedar en el Gobierno local tras los nombramientos de Cesáreo Mosquera y Luís Bará como vicepresidente de la Deputación y diputado del Parlamento gallego, respectivamente.
Doce meses después de aquella redistribución de áreas, la mayor de su historia desde que en 1999 llegase a la Alcaldía, la principal asignatura pendiente sigue siendo la misma: el compostaje. La implantación del nuevo plan de basuras, que obligará a los vecinos a reciclar sus restos de comida a través de contenedores individuales o comunitarios, avanza a un ritmo muy lento. En gran medida porque el proyecto es "dinámico" y, por lo tanto, cambiante. Y también por las primeras voces en contra, surgidas el año pasado en Monte Porreiro contra la ubicación de los nuevos composteros.
El reciclaje de los biorresiduos es el proyecto estrella del quinto mandato de Lores, que ha reconocido que el programa no avanza al ritmo esperado. Estas demoras obligarán a prorrogar el actual contrato de basuras, que finaliza el próximo 9 de junio, para encajarlo en el futuro sistema.
Aunque la gestión del compost no roza el aprobado, la asignatura en la que sí hubo avances es la que afecta a las contrataciones. Su peso recayó en los hombros de Raimundo González Carballo, el responsable de las cuentas municipales. El edil asumió este encargo el año pasado y, desde entonces, ha logrado sacar adelante uno de los principales tormentos del Concello: las piscinas de Campolongo. Las obras en las instalaciones deportivas, que se resisten desde el año 2013, cuando gobernaba el bipartito Bloque-PSOE, han sido licitadas. La previsión es que la mejora de este centro, presupuestada en 3,5 millones de euros, se acometa en verano. Se dará así respuesta a las continuas quejas de usuarios y trabajadores.
Si Campolongo es la cara de la moneda de González Carballo, su cruz ha sido el contrato del agua. El retraso en la contratación ha obligado a prorrogar el servicio seis meses más. El proceso de adjudicación, cuestionado por toda la oposición, pasará a la historia de Pontevedra por su valor económico: más de 140,9 millones de euros a 20 años vista.
Otro de los hitos del Gobierno de Lores apunta hacia su número dos: la edil de Promoción da Cidade, que ha logrado sacar adelante una nueva normativa para regular las terrazas. Anabel Gulías ha sido también la elegida para liderar, junto con el alcalde, los principales viajes institucionales para promocionar el modelo urbano en el mundo. Primero en la misión comercial a México, del verano pasado, y luego a Austria.
La nueva etapa de Gulías como responsable de Urbanismo, que heredó de su compañera Carme da Silva, coincidió también con la reactivación de las promociones inmobiliarias en Pontevedra, que tiene en cartera la construcción de 419 viviendas privadas.
La desactivación del frente antilombos, los campos de fútbol de hierba sintética y el pacto presupuestario con Marea y PSOE también marcaron este último año, en el que Fernández Lores confirmó que quiere ser alcalde por sexta vez consecutiva.
