La anulación de la reforma del reglamento de Costas no afectará a la prórroga de Ence

El Supremo ha dejado sin efecto los cambios del Ministerio de Transición Ecológica a los que se opusieron numerosas empresas y la Xunta
Vista de Ence desde la costa de Poio. JOSÉ LUIZ OUBIÑA
photo_camera Vista de Ence desde la costa de Poio. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

El reglamento general de Costas que el Ministerio de Transición Ecológica publicó en agosto de 2022 y que modificó la manera de interpretar la Ley de Costas de 2014 acaba de ser anulado por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. En Galicia, aquella norma trajo de calle a más de 200 empresas y a multitud de edificaciones que vieron peligrar su continuidad en la franja pública marítimo-terrestre (la Xunta llegó a hablar de cerca de 4.000, entre ellas varios locales de lonjas o depuradoras alojadas en la costa). El caso más sonado fue el de Ence. A la pastera asentada en Lourizán se le cuestionó su prórroga de 60 años aprobada en tiempo de descuento por el último Gobierno de Mariano Rajoy. Tanto que los sucesivos recursos del Concello, Greenpeace y la APDR llevaron al grupo a emprender una batalla judicial de la que salió vencedora hace un año, precisamente gracias a un auto de la misma sala del Supremo que ahora tumba la totalidad de la norma.

En esencia el reglamento cambió las normas establecidas para los deslindes, pero sobre todo acorta las posibles prórrogas de las concesiones en la franja pública litoral, a quienes se limitó su permanencia a 75 años, pero contados desde la aprobación, en 1988, de la Ley de Costas, y no desde el momento en el que posteriormente solicitaron sus sucesivas prórrogas.

Ahora ha sido un recurso de la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costa Formentera el que ha dinamitado los planes del Ministerio de Transición Ecológica. El motivo de la anulación fulminante es la omisión de un trámite administrativo que el Alto Tribunal considera básico e infranqueable: la consulta pública.

Para su defensa, la Abogacía del Estado alegó que el reglamento no afectó las consideraciones presupuestarias ni organizativas, y que tampoco concurrían "razones graves de interés público" que hicieran obligatorio ese trámite de consulta.

Los magistrados del Supremo, en cambio, se han mostrado tajantes a la hora de catalogar esa omisión como un error suficiente para echar abajo todo el reglamento. Eso sí, dos de los jueces han hecho constar en la sentencia su sensación de que una anulación total de la norma podría ser "desproporcionada", ya que consideran que durante la tramitación sí hubo espacios para hacer consultas públicas.

Con todo, juristas consultados por Diario sostienen que la anulación no interfiere en la situación actual de Ence, salvo por el hecho de que el recurso presentado ante el Constitucional y el anunciado ante la Justicia Europea encontrarán en esta sentencia un claro obstáculo para expulsar a la pastera de la ría. No será algo definitivo, ya que el Gobierno puede volver a tramitar todo el procedimiento. Pero todo indica que demorará de forma considerable cualquier decisión judicial al respecto.

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