Entre 2022 y 2023 es cuando la Asociación Pola Defensa da Ría estima que Ence tendrá que irse de Lourizán y por ello el colectivo que preside Antón Masa ya tiene previsto iniciar una campaña con diversos agentes para recuperar la ría de Pontevedra y "a súa vocación natural, que é a explotación dos recursos marisqueiros, turísticos e deportivos ligados á ría", algo que, según la APDR, generará una riqueza y un aprovechamiento "moito máis importante do que supón Ence e tamén máis sostible".
Así lo indicó este miércoles Masa, que compareció junto a su compañero de organización Marco Cernadas en una rueda de prensa para valorar la nueva sentencia de la Audiencia Nacional en la que da la razón a la APDR y anula la prórroga de 60 años que le había concedido a la empresa el Gobierno popular en funciones de Mariano Rajoy para seguir ocupando terrenos de dominio público marítimo-terrestre en la ría de Pontevedra.
Es la tercera sentencia que emite la Audiencia contra esa prórroga (las primeras respondieron a los recursos presentados por el Concello de Pontevedra y Greenpeace) y, en este caso, Masa señaló que el fallo judicial incluye una diferencia con respecto a esos dos anteriores: rechaza los informes de la Autoridad Portuaria, que alegaba que la actividad de Ence era fundamental para el Puerto de Marín.
Del mismo modo, Masa recordó que, aunque la APDR fue la primera en recurrir, la sentencia llegó después de las dos anteriores porque la empresa trató de "deslexitimar" a la asociación, algo que "non conseguiu" a la vista de la decisión de los jueces.
La Asociación Pola Defensa da Ría entiende que este tercer fallo judicial contra la prórroga de Ence dificulta aún más que los recursos que presente la empresa ante el Tribunal Supremo vayan a tener éxito. De hecho, ve "moi difícil que o Supremo os admita a trámite" y "se o fai, cremos que fallará nunha liña semellante á Audiencia Nacional", porque la empresa "está a incumprir a Lei de Costas ao atoparse nestes terreos protexidos do litoral, cando non é imprescindible que estea alí para o seu funcionamento". De hecho, Antón Masa señaló que la propia Audiencia Nacional ha tenido en cuenta fallos anteriores del Tribunal Supremo para tomar su decisión, por lo que entiende que la sentencia se hará definitiva y Ence tendrá que dejar Lourizán.
"Cremos que empeza o tempo da súa demolición na ría de Pontevedra e con ela iniciarase o futuro da ría e da comarca, que poderá vivir de cara ao mar e non de costas a el", indicó el mismo portavoz.
EJECUCIÓN INMEDIATA. El presidente de la APDR anunció que en el momento en el que se emita el fallo definitivo, la Asociación Pola Defensa da Ría pedirá su ejecución inmediata, porque "as sentencias están para cumprirse" y no vale seguir estirando el tiempo para que la empresa continúe en Lourizán mientras "di que busca solucións".
En este sentido, recordó que Ence ha tenido 30 años para buscarlas y "non o fixo, porque contou co apoio submiso do PP na Xunta de Galicia e no Goberno central mentres estivo nel".
Masa también lamentó que los trabajadores de la firma "orientasen mal" su lucha y la "búsqueda de responsabilidades", al no reclamar esas alternativas a la dirección de la empresa durante los últimos años. "A nosa asociación nunca foi en contra dos traballadores, era a empresa a que tiña na súa man evitar a desaparición dos postos de traballo buscando en Galicia outra ubicación para crear unha fábrica moderna", pero "vese que a Ence, polo que di, non lle importan nada os seus traballadores", apostilló.
El Gobierno insiste en reubicar la empresa en Galicia y la Xunta apela a no destruir empleos
El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, insistió este miércoles en que la postura del Ejecutivo central es la reubicación de Ence. En esta línea, añadió que, a efectos prácticos, si la sentencia de la Audiencia Nacional adquiere firmeza, "lo que procede, de acuerdo con la normativa de Costas, es que el Ministerio se pronuncie sobre el destino de las instalaciones, previamente a la reversión de los terrenos al Estado ". Y en ese pronunciamiento, se puede plantear "una salida ordenada y un calendario razonable de demolición", dijo.
Sobre este posicionamiento se pronunció el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien criticó la "falta de sensibilidade" del Gobierno con los trabajadores. Rueda volvió a poner encima de la mesa la posibilidad de adscribir los terrenos y que la Xunta ha enviado una consulta sobre esto al Consello Consultivo.
A este respecto, la APDR señaló que es "inaceptable" porque el Consello Consultivo no es vinculante y además depende de la propia Xunta. Hoy está prevista una reunión entre el presidente autonómico, Núñez Feijóo, y la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera.
La plantilla planea protestas "más contundentes" para defender quedarse en Lourizán
La presidenta del comité de empresa de las oficinas de Ence en Pontevedra, Ana Cedeira, aseguró este miércoles que los trabajadores de la empresa defenderán "con uñas y dientes" la continuidad de la fábrica en Lourizán, ante lo que calificó de "acoso y derribo" por parte del Gobierno, al que le pidió que "deje de presionar al Supremo" hablando de un hipotético desmantelamiento. "Las sentencias están recurridas y no todo está ganado por el Gobierno", añadió la portavoz de los trabajadores, que retó a la vicepresidenta del Ejecutivo, Teresa Ribera, a que "venga aquí y nos lo diga a la cara".
En esta línea, Cedeira señaló que "toca ser más contundentes" en las movilizaciones porque "no vamos a consentir que nos echen de nuestros trabajos".
El presidente del comité de empresa, Toño Lafuente, también coincidió en que "esto parece una presión para nosotros" al tener que trabajar en la situación jurídica en la que se encuentra la compañía y recordó que las sentencias de la Audiencia Nacional están recurridas, por lo que "no entendemos" las declaraciones sobre la demolición de la fábrica.
Da Silva: "Ábrese unha enorme porta de esperanza para ver como se rexenera a costa"
El Concello de Pontevedra aseguró que la "aspiración da maioría de Pontevedra é ver como Ence cesa a súa actividade, como se desmantela e como se recuperan os terreos para dominio público, recuperando a vocación que nunca deberon perder: o espazo de mar, de costa… e rexenerar o litoral".
Tras esta tercera sentencia de la Audiencia Nacional, la concelleira Carme da Silva señaló que estos tres fallos judiciales que declaran ilegal la prórroga concedida a la pastera "veñen abrir unha porta enorme de esperanza para que todo iso se faga efectivo". Por ello, la edil indicó que hay que tomar dos decisiones importantes: "Como se fai ese proceso e que haxa sentido común por parte da empresa e da Xunta" y den pasos para el traslado "nas mellores condicións e sen perder os postos de traballo".
"Hai que traballar en serio e que se poida manter esa actividade noutra situación, incluso con perspectivas de futuro ao redor do sector forestal en Galiza", añadió. A este respecto, indicó que "dá a impresión de que tanto por parte da Xunta como da empresa non están a traballar en serio", sino que "xogan co tema do Porto e coas esperanzas dos traballadores e traballadoras ", por lo que instó a la empresa a "aclarar se quere seguir exercendo a súa actividade en Galiza" y a la Xunta a "deixar de seguir punto por punto os pasos que marca Ence".
