La modificación del plan sectorial de incidencia supramunicipal impulsada por Ence para ampliar sus instalaciones en Lourizán ha recibido dos alegaciones. Una por parte de la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) y otra por parte de un departamento de la Universidade de Vigo. Así lo confirman responsables de la Consellería de Medio Ambiente a Diario de Pontevedra, al que informan de que otros seis organismos públicos han emitido informes al respecto de esta tramitación.
Entre las entidades que se han personado en este proceso figuran los concellos de Marín y Pontevedra. Este último emitió un dictamen contrario al cambio del plan sectorial por parte de Celulosas, entre otros motivos, porque el futuro judicial de la pastera, sobre la que pesa una sentencia en contra de la Audiencia Nacional que anula la prórroga para mantener su actividad en la ría, todavía no está resuelto. A preguntas de este periódico sobre si paralizaría este expediente, la Consellería de Medio Ambiente ha evitado pronunciarse.
Además de Pontevedra y Marín, la Xunta también ha recibido resoluciones de tres organismos autonómicos (el Servizo de Administración industrial de Pontevedra, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural y el Servizo de IPPC, dedicado al control y prevención de la contaminación) y por parte de la Dirección General de Costas, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica. Esta última entidad tiene la última palabra en cualquier modificación que se realice en el complejo industrial de Lourizán.
La empresa plantea cuatro grandes actuaciones dentro del complejo industrial, en la que invertiría unos 180 millones de euros a ejecutar entre 36 y 48 meses. Entre ellos figura un secadero de biomasa, una nueva caldera de recuperación, la sustitución del fuelóleo por gas natural a través de una nueva instalación y una cámara de carga y bombeo al nuevo emisario submarino.
Entre las entidades que se han personado en este proceso figuran los concellos de Marín y Pontevedra. Este último emitió un dictamen contrario al cambio del plan sectorial por parte de Celulosas, entre otros motivos, porque el futuro judicial de la pastera, sobre la que pesa una sentencia en contra de la Audiencia Nacional que anula la prórroga para mantener su actividad en la ría, todavía no está resuelto. A preguntas de este periódico sobre si paralizaría este expediente, la Consellería de Medio Ambiente ha evitado pronunciarse.
Además de Pontevedra y Marín, la Xunta también ha recibido resoluciones de tres organismos autonómicos (el Servizo de Administración industrial de Pontevedra, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural y el Servizo de IPPC, dedicado al control y prevención de la contaminación) y por parte de la Dirección General de Costas, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica. Esta última entidad tiene la última palabra en cualquier modificación que se realice en el complejo industrial de Lourizán.
La empresa plantea cuatro grandes actuaciones dentro del complejo industrial, en la que invertiría unos 180 millones de euros a ejecutar entre 36 y 48 meses. Entre ellos figura un secadero de biomasa, una nueva caldera de recuperación, la sustitución del fuelóleo por gas natural a través de una nueva instalación y una cámara de carga y bombeo al nuevo emisario submarino.
