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Así afectará el 'catastrazo' a los vecinos de Pontevedra

Vista de casas del rural pontevedrés con galpones y construcciones auxiliares. OLGA FERNÁNDEZ
Vista de casas del rural pontevedrés con galpones y construcciones auxiliares. OLGA FERNÁNDEZ

Hacienda ha iniciado el reparto de cartas con las primeras multas a los vecinos que no pagaban el Ibi por galpones, gallineros o piscinas

Los vecinos de Pontevedra tendrán que rascarse el bolsillo para hacer frente al catastrazo. Las construcciones que hasta ahora no pagaban el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), como galpones, gallineros o piscinas, deberán empezar a hacerlo debido a las inspecciones llevadas a cabo por la Dirección General del Catastro.

1. ¿Qué es el catastrazo?
Básicamente dar de alta inmuebles que no pagaban el IBI, un impuesto que popularmente se conoce como contribución. Esta regularización catastral se hace por iniciativa del Gobierno de España, a través del Catastro, que es un organismo que depende del Ministerio de Hacienda.

La campaña de revisión de propiedades con piscinas o construcciones agrícolas se inició en diciembre de 2016. Entonces, el Boletín Oficial del Estado ordenó la inspección de estas instalaciones en 19 municipios de la provincia. Entre ellos estaba Pontevedra.

En diciembre de 2016, una resolución estatal obligó a revisar 19 municipios de la provincia. Entre ellos estaba Pontevedra.

El Catastro contrató a una empresa para que realizara estos trabajos, que se llevaron a cabo por aire y tierra. El objetivo: descubrir qué casas tenían este tipo de construcciones auxiliares. ¿Para qué? Para darlas de alta y que comenzasen a pagar el IBI.

2. ¿Cómo afecta a Pontevedra?
Hacienda, a través de la Dirección General del Catastro, ha iniciado el reparto de cartas para avisar a los vecinos de que tienen propiedades afectadas por esta campaña de inspección, que se llevó a cabo a lo largo del año pasado.

En estas misivas se le comunica a los afectados que tienen que pagar una tasa de regularización catastral, esto es, una multa. ¿Por qué? Por tener una piscina, un galpón o un gallinero y no pagar el IBI por él

Los afectados dispondrán de un plazo de 15 días para presentar alegaciones ante el Catastro. El Concello los asesorará en este trámite

La cuantía de esta infracción es de 60 euros por cada uno de los inmuebles detectados. De esta manera, puede darse el caso de que un vecino tenga que asumir 120 euros (si tiene dos construcciones afectadas) o 180 euros (si tiene tres). Y así sucesivamente.

3. ¿Cuántos afectados hay?
El número de afectados exactos es todavía una incógnita. Pero las primeras estimaciones del Concello, que es la administración que finalmente cobrará el IBI a estas construcciones cuando se den de alta en el Padrón municipal, hablan de entre 4.000 y 6.000. La mayor parte de ellos en las 15 parroquias del rural pontevedrés.

4. ¿Cómo puedo reclamar?
Librarse de la multa será complicado, a no ser que el Catastro quiera dar de alta una instalación exenta del IBI. Por ejemplo, un hórreo. O que simplemente se haya equivocado al realizar las inspecciones y haya confundido, pongamos por caso, un galpón con un pozo de agua o una construcción similar.

Los afectados tendrán que asumir también otro pago en forma de penalización. Se les cobrará cuatro años de atrasos por el impago del Impuesto de Bienes Inmuebles. Se les girará, por tanto, recibos con carácter retroactivo. Probablemente de los ejercicios de 2017, 2016, 2015 y 2014. Así, podría haber propietarios que tengan que desembolsar una importante cantidad de dinero. En otros municipios en los que ya se ha llevado a cabo esta revisión, como el caso de Poio, la regularización ha salido por más de mil euros a algún contribuyente.

Se librarán del pago del Ibi los bienes urbanos con cuotas fiscales de menos de seis euros y los de menos de doce euros en suelo rústico

Una vez que los vecinos reciban la notificación del Catastro se abre un plazo de 15 días para formular las alegaciones que se estimen convenientes. En esta fase entrará el Concello de Pontevedra, que en breve abrirá una oficina para atender a los vecinos ante posibles reclamaciones.

Los servicios municipales han iniciado el proceso para contratar a una empresa que realice este trabajo. No se hará, por tanto, con funcionarios. La idea es despachar a los afectados en un lugar específico, probablemente el Pazo da Cultura.

Esta iniciativa no implicará, sin embargo, que los vecinos se vayan a librar del pago del IBI. Las alegaciones deberán ser muy motivadas y los casos deberán ser muy flagrantes para que Hacienda les haga caso. Muchas de estas reclamaciones podrían centrarse en los metros cuadrados que ocupan las piscinas, los gallineros o los galpones sin regularizar. Si las mediciones son incorrectas, los contribuyentes pagarían menos contribución o quedar exentos de ella.

5. ¿Quién no paga IBI?
Aunque el IBI lo cobra el Concello, las reglas básicas de quién paga y quién no las dicta el Ministerio de Hacienda. El Estado no cobra este impuesto ni a los edificios públicos ni a los bienes comunales. Tampoco pagan este tributo la Iglesia Católica, Cruz Roja o los bienes destinados a centros de enseñanza. Los monumentos o jardines históricos de interés cultural también gozan de esta amnistía.

Los inmuebles de naturaleza urbana con una cuota fiscal inferior a seis euros y los situados en suelo rústico de menos de doce euros tampoco pagarán IBI. Por lo tanto, si un pontevedrés afectado por el nuevo "catastrazo" está dentro de estos parámetros no tendrá que abonar la tasa al Ayuntamiento.

6. ¿Cuánto se recauda de IBI?
Pontevedra tiene uno de los IBI más baratos de España. Un ranking fiscal sitúa a la ciudad como la undécima capital del país con el recibo de la contribución más económico de 2017 con una media de 69,92 euros por factura.

El Concello prevé recaudar este año algo más de 18,4 millones de euros a través de este tributo, lo que supone uno de cada cuatro euros de lo que ingresará a través de todas sus tasas e impuestos: 27 en total.

7. ¿Habrá más revisiones?
Aunque a priori no afectarán a piscinas, gallineros y galpones, el Concello sí hará más revisiones del Padrón del IBI. El motivo: buscar la equidad fiscal dando de alta a aquellas construcciones nuevas o ampliadas afectadas por este impuesto. Para ello, Pontevedra contratará a una empresa especializada. Y lo hará, por primera vez, a través de un concurso público, que cuenta con un presupuesto de 190.000 euros, que se disputan cinco empresas y que cuenta con el aval del Catastro.

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