La convivencia entre las personas que tienen animales de compañía y las que no los tienen no siempre es sencilla. El equilibrio entre los derechos de unos y otros es tarea del legislador. Ello ha obligado a la Consellería de Medio Ambiente a tomar cartas en el asunto y, tras efectuar un análisis de la situación, elaborar un marco legal cuya intención es la de amparar a unos y a otros y proteger el bienestar de todas las especies. La ley, que entró en vigor el 1 de enero de 2018, ya ha acarreado las primeras consecuencias en Pontevedra: los dueños de tres stafforshire bull terrier, perros de raza potencialmente peligrosa, se enfrentan a una sanción económica que puede superar los 35.000 euros después de que sus canes protagonizasen un grave ataque a un gato, que resultó malherido.
La Policía Local de la ciudad del Lérez, la autoridad competente a la hora de tramitar las investigaciones en estos hechos, comprobó que el animal había sufrido graves heridas. Tras entrevistarse con su propietaria, vecina de la Boa Vila, los agentes supieron que no era la primera vez que sucedía algo similar. Según su testimonio, los canes se escapaban con frecuencia de su vivienda.
GASTOS VETERINARIOS. Los agentes municipales le informaron de que puede reclamar los gastos veterinarios por la vía civil y que, además, ellos actuarían de oficio para comprobar el estado de la casa en la que viven los perros y la identificación de los mismos. Les informarían, además, de que los dueños tienen la obligación de someter a los animales que supuestamente habían atacado al gato a un control veterinario, según el citado marco legal.
La Policía constató que dos de los canes, de esta raza potencialmente peligrosa, constaban a nombre de los inquilinos de la vivienda, mientras que el tercero estaba a nombre de un vecino de León. Esto motivó la primera propuesta de sanción, en este caso de carácter leve, por no mantener actualizados y comunicados los datos de los perros.
DOCUMENTACIÓN. A continuación, los agentes solicitaron a los inquilinos el resto de la documentación, incluyendo el pasaporte de los animales y los certificados de pago de los seguros.
Los dueños no los aportaron, lo que obligó a los investigadores a regresar al lugar en varias ocasiones más "sin obtener respuesta".
Todo ello desembocó en la tramitación de un expediente con múltiples propuestas de sanción contra los dos dueños de los stafforshire bull terrier. La más grave de todas ellas, que comporta una multa de hasta 30.000 euros, procede de la responsabilidad por el ataque al gato: no tomar las medidas necesarias para evitar que los animales causen daños a la salud pública o animal o a la seguridad pública, tal y como detalla textualmente el artículo 40 del nuevo marco legal.
Junto a ello, la Policía piensa que los propietarios de los tres animales cometieron tres infracciones graves, dos de ellas por no suministrar la información requerida por los agentes y una más por no haber suscrito el seguro de responsabilidad civil obligatorio, como indica el artículo 17 de la citada ley.
NOVEDADES. Entre las cuestiones más destacadas del reglamento que entró en vigor el 1 de enero destaca la inclusión del bull terrier en el listado de animales potencialmente peligrosos en la comunidad autónoma, que se añade al american stafforshire terrier, pit bull terrier, bullmastif, dobermann, dogo argentino, dogo de Burdeos, dogo del Tíbet, fila brasileño, mastín napolitano, presa canario, presa mallorquín (ca de bou), rottweiler, staffordshire bull terrier, tosa inu y akita inu, y a las restantes razas que pudieran determinarse en la normativa estatal sobre animales potencialmente peligrosos de obligado cumplimiento.
A partir de ahora todos los que estén a cargo del animal, aunque sea por unas horas, tendrán que tener licencia específica
Otra novedad es que a partir de ahora, la licencia para la posesión de perros de estas razas ya no es solo obligatoria para su propietario, sino también para su poseedor, de manera que si alguien pretende dejar a su animal al cuidado de otra persona, aunque sea de forma momentánea,esta deberá ser mayor de edad y estar en posesión de la mencionada licencia.
Las instalaciones en las que permanecen los canes incluidos en el listado deben evitar el contacto externo con ellos e impedir su huida. Está prohibido de forma específica que transiten sueltos por las vías públicas, con la única excepcion de caminos rurales, "siempre que no exista riesgo para personas u otros animales".
Los dueños tienen la obligación, como se ha explicado en el caso anteriormente descrito, de someter a los perros a dos controles veterinarios después de haber agredido a otros animales.
BIENESTAR. Por otra parte, la ley también prohíbe que los animales permanezcan atados de forma permanente o con sus movimientos limitados, así como el empleo de instrumentos o métodos dañinos para su sujeción, retención o educación, como los collares eléctricos.
También es motivo de sanción la exposición pública de cualquier especie en un escaparate a modo de reclamo publicitario, así como la práctica de cualquier tipo de mutilación con fines estéticos.
En cuanto a la acogida de perros, los ayuntamientos tienen a partir de ahora competencias para recoger animales si el dueño justifica que no puede cumplir con las nuevas responsabilidades legislastivas.
DATOS DE 2017. La Policía Local interpuso el año pasado 144 denuncias por la vía administrativa contra propietarios de animales de compañía en Pontevedra. La mayor parte de ellas tuvieron como protagonistas a los perros de razas potencialmente peligrosas: 39 multas por llevarlos sin correa o bozal, 28 por no tener licencia para ello o 21 por ausencia del obligatorio sistema de identificación a través de microchip. En cuanto al resto de perros, las infracciones más comunes fueron por cuestiones de higiene (seis casos) y por la ausencia de correa o de bozal (siete).
En el apartado positivo, llama la atención la ausencia de propuestas de sanciones contra dueños que dejan excrementos en la vía pública, que, pese a que son visibles en muchos puntos de la Boa Vila, no pudieron ser detectados en ningún momento por los agentes a lo largo 2017.
En el apartado sancionador, los concellos solo conservan competencias en las infracciones leves, quedando las restantes para la Consellería de Medio Ambiente.
Los gatos y los hurones de compañía personal solo deberán constar a efectos legales si se van a trasladar a otro país.
En cuanto a los animales salvajes en cautividad, es obligatoria su filiación a través de microchip o anilla y la autorización de la Consellería para su posesión, una medida que se hace extensiva a las aves de presa, que deberán tener un microchip con los datos de su registro.
