El atasco en el Supremo podría demorar más de un año los recursos sobre Ence

El alto tribunal español tiene once bajas y en primavera sumará dos más por jubilaciones en la sala donde se dirime el caso pontevedrés
Imagen de la fachada del Tribunal Supremo en Madrid. EFE
photo_camera Imagen de la fachada del Tribunal Supremo en Madrid. EFE

La situación de semicolapso que vive el Tribunal Supremo hace prever que las decisiones sobre los recursos planteados por el caso Ence en Pontevedra adopten una vía de resolución lenta. En las últimas semanas, la propia empresa pronosticaba que no será hasta mediados del año que viene cuando la Sala correspondiente se pronuncie sobre la admisión a trámite de los recursos. Por ahora hay ya una docena presentados, tanto por Ence como por los sindicatos, organizaciones empresariales, compañías a título individual y la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra.

Este jueves, fuentes próximas al Consejo General del Poder Judicial confirmaban que el calendario esbozado por la empresa podría quedarse incluso corto ya que el retraso podría superar el año. El caso es que ahora mismo en el Tribunal Supremo hay once vacantes por seis jubilaciones, tres fallecimientos, una excedencia y la salida de una magistrada, Lourdes Arastey, después de ser nombrada juez del Tribunal de Justicia de la UE.

Y en los primeros meses del próximo año la lista será mayor con las jubilaciones previstas de Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, que abandonarán sus puestos en marzo y abril de 2022. Ambos son los presidentes de las secciones segunda y quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, respectivamente.

Además, cuando este departamento judicial adopte una postura sobre el rechazo o la admisión de los recursos sobre la prórroga de 60 años de Ence, anulada por la Audiencia Nacional, todavía quedará la deliberación sobre el fondo del asunto, que podría consumir otra vez más de un año en los plazos ordinarios del Supremo y que, en la situación actual, podría demorarse aún más.

Existía una posibilidad para solventar las vacantes que atenazan al alto tribunal español, que consistía en utilizar a los magistrados de la Sala Militar. Pero el Consejo General del Poder Judicial aclaró estos días que no tiene "ninguna intención" de optar por esta alternativa para cubrir las bajas de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que es la más afectada por esta situación en estos momentos y que será donde se discutan las cuestiones de Ence. El departamento tiene ya seis bajas y, aunque todavía no paralizan el funcionamiento, sus propios miembros comienzan a dar por hecho que el colapso tendrá lugar en muy pocos meses si antes no se llega a un acuerdo político para renovar el órgano de gobierno de los jueces, algo que PSOE y PP siguen negociando ahora con mayor determinación pero todavía sin resultados definitivos.

La Sala de lo Contencioso se organiza por secciones, en función de la materia a tratar. Las deliberaciones requieren por lo menos la presencia de cinco magistrados. De momento hay jueces suficientes en las cuatro secciones de enjuiciamiento, pero algunas están ya con el número justo y con magistrados a punto de jubilarse. Es el caso de la sección quinta, en la que se ven los recursos sobre urbanismo o medio ambiente. Sus presidentes, Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, son los dos que se jubilarán durante la próxima primavera. Si el CGPJ no se hubiera renovado para entonces, estas secciones no contarían con miembros suficientes para deliberar y los casos se congelarían hasta que se resuelva el grave problema de personal.

El consejo del puerto debatirá la petición del suelo de Ence
En Pontevedra, la Autoridad Portuaria convocará un Consejo extraordinario en el que se dará cuenta del informe emitido por el Consello Consultivo, que consideró legítima la posibilidad de que el Puerto solicite el traspaso de los terrenos de Ence a su jurisdicción. Si el Consejo lo autoriza, el presidente de la Autoridad Portuaria formulará una solicitud ante el Ministerio de Transportes. La petición tendría que ser aceptada por Transición Ecológica, que, en principio, es contraria a esta solución que permitiría esquivar la sentencia de la Audiencia Nacional contra la prórroga de Ence y garantizaría la continuidad de la fábrica en Lourizán.

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