lunes. 06.07.2020 |
El tiempo
lunes. 06.07.2020
El tiempo

Los atascos en Rande provocaron servicios especiales de la Guardia Civil durante tres años

Las acusaciones y las defensas, este miércoles en el Mercantil 1. GONZALO GARCÍA
Las acusaciones y las defensas, este miércoles en el Mercantil 1. GONZALO GARCÍA
El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 anuncia una sentencia del juicio contra Audasa en los primeros días de marzo ►Fiscalía concluye que el tramo en obras no tenía condición de autopista y la concesionaria debió haber reducido el precio del peaje

El testimonio de tres guardias civiles de Tráfico en el juicio que se sigue contra Audasa por el presunto cobro abusivo de peajes durante las obras de Rande corroboró lo que miles de conductores ya habían padecido en sus carnes: que las retenciones en el entorno del puente fueron una constante durante los tres años y nueve meses que duró la ampliación, especialmente en el tramo final de los trabajos.

Frente al argumentario defendido el día anterior por la concesionaria de la AP-9 y la propia Abogacía del Estado, cuando negaron que se hubieran registrado incidencias graves para el tráfico "salvo en unos pocos momentos puntuales", los agentes manifestaron todo lo contrario: que las retenciones no solo eran habituales de lunes a viernes –sobre todo los días de lluvia–, sino que se llegó a habilitar un servicio específico para regular el tráfico en la zona. "Había dos patrullas allí destinadas cada día: una en la rotonda de Domaio y otra en el puente. Los momentos más conflictivos eran entre las 7 y las 9 horas y a última hora del día", coincidieron.

Uno de ellos subrayó que la época más complicada fue en la primavera de 2018 (cinco meses después de inaugurarse oficialmente la ampliación), "porque se habilitó solo un carril en sentido Vigo". A preguntas de la Fiscalía aclaró que ese despliegue solo se produjo durante las obras, "ni antes ni después había instrucciones de llevarlo a cabo".

Aunque los tres testigos estaban destinados en la rotonda "y desde ahí no sabíamos lo que ocurría en el puente", confirmaron que la saturación de tráfico llegaba hasta su zona de servicio. "Algunos días se podían llegar a tardar hasta 15 minutos en cruzar la rotonda y seguir hacia la AP-9", admitió, dando fiabilidad a la denuncia de un afectado.

Otro guardia declaró que incluso en momentos puntuales, la autopista estuvo tan colapsada que tuvieron que cortar el acceso a la misma "porque ya no entraban más coches".

DEVOLVER LO COBRADO. En base a estos testimonios, la Fiscalía da por probada su acusación contra Audasa, al sostener que realizó un cobro abusivo de los peajes cuando lo que debería haber hecho, en realidad, era subir las barreras en los momentos de las retenciones, "como se hizo en la AP-7 y en la AP-8 en similares circunstancias", indicó el fiscal Alejandro Tuero.

Su compañero, Santiago Miguel, incidió en que la clave radica en que ese tramo perdió la condición de autopista durante las obras, pues ya no podía ofrecer circulación por doble carril, ni una velocidad máxima de 120 km/h, ni arcenes de dos metros y medio... "por lo que Audasa debió moderar el precio del peaje".

Durante su alegato, citó otro elemento que juega en contra de la concesionaria: "No había ningún cartel que advirtiera de los atascos, por lo que yendo en coche era imposible saber que los había hasta que ya estabas dentro de la autopista, o sea, cuando ya habías pagado". En este sentido, consideró absurdo que los defensores de la empresa aseguren que había viales alternativos.

Tuero criticó especialmente a Audasa por lo que considera "una práctica abusiva en toda regla, la aplicación del pase lo que pase, vamos a cobrar lo mismo". También recordó que la Ley de Contratos del Sector Público incluye la opción de aplicar las reducciones en casos como el que se debate, "pero no se hizo".

La Fiscalía reclama una acción de cesación y resarcimiento a los afectados; concretamente, que se devuelvan íntegramente los peajes cobrados entre febrero de 2015 y mayo de 2018 a todos los conductores que puedan acreditar esos trayectos y se les indemnice con el doble de esos importes.

la sentencia, en breve. Al término de la maratoriana sesión de este miércoles (cerca de cinco horas), el titular del Juzgado de lo Mercantil número 1, Manuel Marquina, agradeció la colaboración de las partes implicadas (Fiscalía, Adicae, En-Colectivo, seis abogados particulares, Abogado del Estado y Audasa), y anunció que la sentencia será dictada "nunca después de los primeros días de marzo".

UN PERITO REDUCE A "SOLO DOS" LAS 202 INCIDENCIAS RECOGIDAS POR LA FISCALÍA

Atascos en el puente de Rande a mediados de 2018. DP

Los abogados de Audasa mantuvieron en todo momento, hasta sus conclusiones finales, que las retenciones denunciadas fueron "puntuales y casi siempre ajenas a las obras en el puente de Rande" y criticó que las acusaciones puedan dudar del testimonio aportado el martes por dos funcionarios de la DGT y otros dos del Ministerio de Transportes.

Gran parte de la tesis de la defensa se basa en el informe presentado este miércoles por un perito sobre las incidencias detectadas por la Fiscalía en ese tramo entre febrero de 2015 y mayo de 2018. "De las 202 que aparecen en el escrito, solo 86 fueron reales. De ellas, solo 13 tienen una vinculación directa con las obras y unicamente cuatro adquirieron el nivel rojo (el de mayor impacto en la circulación). Teniendo en cuenta que de estas, dos fueron transfer nocturnos, estamos hablando de tan solo dos incidencias de relevancia", manifestó el experto.

Semejante minimización del impacto de las obras encendió a las acusaciones, que sometieron al perito a un intenso interrogatorio durante más de dos horas. De este modo, fue reconociendo una serie de circunstancias que, a juicio de las partes, pone en entredicho su credibilidad.

Por ejemplo, admitió que al menos doce de los últimos 15 informes que ha elaborado su empresa fueron por encargo de Audasa. "Es un buen cliente", comentó sonriendo.

También asumió que durante el tiempo de las obras se redujeron los arcenes y número de carriles, de modo que las características de la vía "no son las condiciones óptimas de una autopista".

El perito, además, calificó como incidentes en la circulación varios episodios que luego no incluyó en ese cálculo final señalado en su informe.

Otra de las revelaciones que sorprendieron a Fiscalía y acusaciones es que el experto había calculado el tiempo de los trayectos por las distintas vías (AP-9,N-554, N-550...) "tomando como fuente Google Traffic".

A preguntas de la Fiscalía, llegó a decir que cuando hay obras en una vía "mejora el nivel de seguridad, porque los conductores están más pendientes de las señales" y apuntó que si se reduce la velocidad en tramos en obras "es solo por la seguridad de los obreros, pero no porque no se pueda ir a la misma velocidad".

debía ser contencioso. Por su parte, la Abogacía del Estado reprochó a la Fiscalía que "quiera vestir como demanda civil lo que debería ser un contencioso-administrativo".

Tras recalcar que el propietario de la vía es el Gobierno "y Audasa solo tiene una concesión temporal", alertó de la repercusión que una posible condena tendría en los Presupuestos Generales del Estado. "Sería un efecto boomerang y se estaría condenando a los 30 millones de españoles que pagan impuestos", dijo.

Los atascos en Rande provocaron servicios especiales de la Guardia...
Comentarios