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Atrancados en los juzgados

Un propietario de Lugo lleva un año a la espera del juicio a sus okupas para que se marchen

El paisaje urbano de la capital lucense se está afeando alarmantemente en los últimos años. Los propietarios de inmuebles abandonados están echando mano de ladrillos y cemento para tapiar puertas y ventanas. Es una respuesta provocada por el miedo a encontrarse cualquier día con unos inquilinos molestos.

La experiencia por los casos de ocupación que se eternizan en los juzgados agudiza esas medidas preventivas, por lo que los afectados esperan como agua de mayo, eso sí con ciertas dudas sobre cómo se aplicará, el llamado desalojo exprés, en trámite en las Cortes.

Un ejemplo de esa lentitud procesal es el caso del número 126 de Camiño Real. Esta calle es el epicentro de la ocupación en la capital lucense. El próximo 26 de junio se sentará en el banquillo de los acu sados por un delito de usurpación la pareja que supuestamente vive de forma ilegal en este inmueble de dos plantas y buhardilla.

Cuando se celebre el juicio habrán pasado casi 13 meses desde que la propiedad, que adquirió la vivienda en una subasta, presentase denuncia.

Este es un ejemplo de cómo se pueden torcer las cosas. El juzgado archivó provisionalmente la causa porque en su informe la Policía Nacional no pudo acreditar que el inmueble estaba allanado.

El letrado de los denunciantes explica que los agentes no pudieron localizar a los okupas porque no les abrieron la puerta —su habitual respuesta para seguir campando a sus anchas— y, sin autorización judicial, no pueden acceder a la vivienda.

La propiedad recurrió entonces a un vigilante privado para demostrar que había inquilinos no autorizados y hubo un nuevo atestado policial en el que ya se identificaba a un okupa. Aún así el juzgado dictó por segunda vez el sobreseimiento provisional.

Propiedad y Fiscalía recurrieron ante la Audiencia Provincial y esta les dio la razón. Así que la pareja acusada irá a juicio. Se enfrenta a una solicitud de multa, a otra de lanzamiento, para que abandonen el inmueble, y a que sufraguen los daños causados. Como se declararán insolventes, en el mejor de los casos el dueño solo conseguirá que se vayan.

"O llegas a un acuerdo con los okupas, o si no te puedes eternizar en los juzgados", afirma este letrado, que considera que "clama al cielo" que no existe un mecanismo más ágil para proteger la propiedad privada.

ADIÓS POR SU CUENTA. Esa fue la suerte que tuvo otro propieta rio lucense, que a finales de julio del año pasado recibía la noticia, por parte de un vecino, de que una vivienda unifamiliar que tiene en Garaballa de Arriba había sido ocupada por dos hermanas.

Tras la correspondiente denuncia en la comisaría de la Policía Nacional, emprendió acciones legales. Para acceder a la vivienda reventaron el candado de seguridad y arrancaron una barra de hierro con la que habían reforzado la puerta para evitar un posible allanamiento.

"Tú si ibas con un alicate no abrías esa puerta. La reventaron con una herramienta especial", afirma.

Llegó pronto a juicio. Pese a que se declararon insolventes, las okupas, se personaron en la vista con un abogado propio, no de oficio. Reconocieron que allanaron la vivienda y pidieron que la cuantía económica de la sanción fuese la mínima posible por su falta de recursos. Aún así el juez no le dio la razón a los dueños. Argumentó que no estaba debidamente acreditada la propiedad de la vivienda. En este caso era porque formaba parte de una herencia.

"Si tú puedes demostrar que está ahí con un contrato tienes tus derechos, pero si estás en la casa porque sí lógicamente debe prevalecer el derecho de la propiedad privada", afirma.

Cuando iba a recurrir, lo que ralentizaría el proceso, tuvo la suerte de que las okupas se marcharon por motu propio. Solo tuvo que padecer, por tanto, esta pesadilla durante unos tres meses.

El propietario cuenta que ocupaban la vivienda por el día. Por la noche se marchaban debido a que, según cree, no consiguieron enganchar a la red general la luz, ni el agua, cuyo suministro llevaba tiempo cortado.

Este afectado ve con buenos ojos el desalojo exprés por "la sensación de desamparo" que ha sufrido con su caso porque considera que vio vulnerados sus derechos cuando estaba "cumpliendo con la ley, pagando los impuestos...". Pero ese apoyo es condicionado. "Otra cosa es que los juzgados la ejecuten", precisa.

Considera que el Gobierno ha dado este paso por la alarma social generada "en Madrid y en las grandes ciudades con los narcopisos".

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