Cerca de tres horas de negociaciones en el despacho del fiscal Antidroga, Pablo Varela, fueron precisas para que los 21 acusados de conformar los cuatro clanes de la droga de O Vao de Abaixo optasen por reconocer los hechos ante la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial. Ante una gran expectación en los exteriores del Pazo de Xustiza de Pontevedra, con presencia de numerosos familiares de los investigados, el tribunal dictó sentencia: penas de entre dos y cinco años de prisión para los integrantes de los mencionados grupos criminales dirigidos por cuatro mujeres, las matriarcas, que también asumieron su culpa y fueron condenadas a tres años y medio de cárcel en cada caso.
El actual juicio procede de una laboriosa investigación desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, que consiguió acumular los indicios suficientes como para organizar una gran redada y detener a 22 personas (una de ellas falleció antes del actual juicio) por organizar el tráfico de sustancias estupefacientes en la parte baja del poblado de O Vao.
"Ha sido un acuerdo muy razonable fruto de una investigación metódica y muy meritoria de la Guardia Civil". Así valoró el dictamen Pablo Varela, fiscal Antidroga, para Diario de Pontevedra. Los letrados también mostraron su satisfacción, pues las condenas se reducen a la mitad, aproximadamente, en relación con la petición inicial del Ministerio Público, lo que servirá para que muchos no tengan que regresar a prisión, dado que en su momento, cuando fueron detenidos, permanecieron entre siete y doce meses en la cárcel de forma preventiva. "El hecho de que allí ya no se esté desarrollando la actividad delictiva es de gran relevancia a efectos de política criminal, y ha influido en la sentencia", explicó Noemí Martínez, abogada de algunos de los procesados.
Pablo Varela: "Ha sido un acuerdo muy razonable, fruto de una investigación metódica y muy meritoria de la Guardia Civil"
La investigación, que se extendió entre los meses de septiembre de 2017 y 2018, sirvió para acreditar que las matriarcas dirigían un negocio criminal perfectamente estructurado para el que contaban con el apoyo de varias personas que realizaban distintas funciones. Los cuatro clanes se turnaban, de forma que cada semana del mes se reservaba para una de las redes, que hacía sus negocios, mientras los demás esperaban su momento. Además, los clanes disponían de narcochabolas en las que los drogodependientes podían consumir la sustancia que adquirían (cocaína o heroína) sin salir del poblado, lo que dificultaba la acción policial.
En cuanto a las penas, además de las citadas de las matriarcas, destacaron los cinco años de cárcel para un detenido en posesión de una relevante cantidad de droga
