La Audiencia Nacional no aclara si hay sentencia sobre Ence

La plantilla pide que se reúna de nuevo la mesa de diálogo
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photo_camera Imagen de la factoría de Ence, en Lourizán. DP

La Audiencia de Pontevedra no aclaró este jueves si los jueces que debaten sobre el recurso contra la prórroga de Ence alcanzaron el acuerdo mínimo imprescindible para dictar sentencia. Se sabe, eso sí, que se produjo una segunda votación, pero no su resultado. La resolución sobre el asunto podría demorarse hasta septiembre en caso de que no se despejen las dudas que llevaron a prolongar durante una semana más el debate.

Si el recurso prospera, Ence solo tendría garantizada su continuidad en la ría hasta 2033, si bien la empresa ya anunció que recurriría la decisión ante la instancia judicial correspondiente. Si por el contrario gana la empresa, quienes recurrirían serían el Concello de Pontevedra y la organización ecologista Greenpeace, que consideran ilegal la prolongación del permiso para ocupar la ría en Lourizán hasta 2073.

En medio, los trabajadores salieron al paso de las últimas manifestaciones del delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones, quien afirmó que sigue habiendo contactos entre el Ejecutivo central y la Xunta para que el Gobierno autonómico localice emplazamientos alternativos para Ence en Galicia. Los trabajadores enfriaron las expectativas y señalaron que, "a pesar de que se están facendo movementos na procura de alternativas, non se están dando os pasos esperados".

Por esta razón, exigieron al Ministerio de Transición Ecológica que vuelva a convocar la mesa de diálogo sobre Ence, en la que están presentes los representantes de los trabajadores, las industrias auxiliares, la propia empresa y las administraciones central y gallega. La intención es "seguir avanzando na procura de solucións para a continuidade dos nosos postos de traballo", indicaron los portavoces del comité de empresa de la pastera.

En reiteradas ocasiones, Ence aludió a las auditorías técnicas encargadas para analizar posibles ubicaciones en Galicia y que concluyeron que este eventual traslado es inviable tanto técnica como económicamente. El hipotético traslado llegó a presupuestarse por encima de los 700 millones de euros, incluyendo el coste de recuperación del suelo en Lourizán.

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