El allanamiento de la Abogacía del Estado en los recursos contra la prórroga de Ence no ha provocado que la Audiencia Nacional anule de manera automática el permiso de la pastera para continuar en Lourizán, como piden en sus demandas el Concello, la APDR y Greenpeace.
Los magistrados han dictado una resolución para que el procedimiento judicial abierto continúe adelante pese a la retirada del Gobierno presentada el pasado 8 de marzo desde la Dirección General de Costas.
La Audiencia ha abierto un plazo para que, tanto Ence como el comité de empresa de la factoría, que hace poco más de una semana tramitó su personamiento en el proceso, formulen sus correspondientes argumentaciones para defender la vigencia y validez de la prórroga.
Tras hacerse pública esta decisión, Ence emitió un comunicado en el que califica la postura adoptada por la Audiencia como "una buena noticia para las más de 5.000 familias de Galicia, muchas de ellas del ámbito rural, que dependen directamente de la actividad de la biofábrica de Pontevedra".
Así mismo, la compañía Energía y Celulosas estima que la continuación del procedimiento es "positivo" para las miles de empresas que se podrían ver afectadas por el "sorprendente cambio de criterio de la Dirección General de Costas en relación a la validez del reglamento de la Ley de Costas".
Pese a que el proceso sigue adelante, la diferencia es que Ence no cuenta ya con la defensa de la Administración General del Estado y, por lo tanto, su posición es menos sólida que hace unos meses.
Ence reitera que su actividad empresarial constituye un "ejemplo de contribución a la bioeconomía, la economía circular y la sostenibilidad". Y subraya que su actividad industrial "se rige por los más altos estándares de responsabilidad medioambiental y los parámetros de sus plantas mejoran ampliamente las más exigentes normas y autorizaciones ambientales tanto europeas como españolas".
RESPUESTA DE LA APDR. La Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) criticó la reacción de Ence y afirmó que la actuación de la Audiencia Nacional es la que procede reglamentariamente y responde "ao recollido no artigo 75-3 da Lei Reguladora da Xurisdición do Contencioso-Administrativo, que obriga a continuar o procedemento sempre que exista máis dun demandado; e non debemos esquecer que, no caso que nos ocupa, figuran coma demandados ENCE e o Estado".
Añaden que "de non se continuar co procedemento na Audiencia Nacional, estaríase a vulnerar a lexislación". En este sentido, los portavoces de la APDR consideran que "a lectura triunfalista que fai Ence dunha noticia que entra dentro da máis absoluta normalidade, non ten outro obxectivo que o de confundir á cidadanía terxiversando a realidade".
Sobre la decisión que finalmente adopte la Audiencia Nacional caben todavía recursos ante el Tribunal Supremo y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional. Las dos partes en litigio han mostrado su disposición de "seguir hasta el final" por lo que la batalla judicial podría prolongarse hasta cinco o seis años más.
