La Audiencia de Pontevedra ha acogido este martes la primera sesión del juicio contra un vecino de Pontevedra acusado de los delitos de malos tratos sobre la mujer, agresión sexual y amenazas leves.
Al inicio de la vista oral el estado de este hombre sembró las dudas de la Fiscalía y del propio tribunal hasta el punto de que la magistrada presidenta de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, Nélida Cid, se dirigió al acusado para preguntarle "es usted consciente de que se le está juzgando?" a lo que el procesado contestó: "Yo no hice nada".
Según ha explicado el abogado que defiende los intereses de este hombre, su cliente se había tomado antes del juicio "unas siete pastillas". El acusado corroboró esta circunstancia –"estoy tomando medicación", ha dicho–.
"¿Pero usted se entera de lo que pasa en la Sala?", ha insistido entonces la magistrada. "Un poco sí...", contestó el acusado.
ANÁLISIS FORENSE. Ante esta situación, el tribunal ha optado por suspender la vista durante media hora para que este hombre fuese evaluado por la médico forense, quien, después de entrevistar al acusado y chequear su estado de salud, ha valorado que podía ser juzgado con garantías por ser "consciente" del proceso judicial al que está sometido y sus posibles consecuencias.
La perito ha determinado "tiene un recuerdo de los hechos" por los que está encausado "y responde con claridad y con prudencia", aunque en algunas ocasiones "alega que no entiende lo que se le pregunta".
SOLO UNA PREGUNTA DE SU ABOGADO. De este modo, se ha retomado la vista, aunque el acusado ha optado por responder únicamente a las preguntas de su letrado y este se ha dirigido a él para formular una única pregunta sobre si su negativa a responder era porque había tomado esa medicación, a lo que su cliente ha contestado afirmativamente. A continuación ha comparecido la víctima a puerta cerrada.
La Fiscalía de Pontevedra solicita nueve años y cuatro meses de prisión para este pontevedrés que está acusado de haber maltratado y haber agredido sexualmente a su expareja, tras no aceptar su separación tras poco más de un año de relación sentimental.
El acusado estuvo cerca de un año en prisión provisional por estos hechos y en la actualidad está en libertad, obligado a llevar un dispositivo de seguimiento telemático para comprobar que no se acerque a menos de 500 metros de la víctima.
Junto con la pena de cárcel, la Fiscalía reclama al tribunal que se le impongan ocho años de libertad vigilada tras su salida de prisión, manteniendo además la orden de alejamiento durante año y medio más del tiempo que pase encerrado.
Además, exige que indemnice a la víctima con 250 euros por las lesiones causadas y al Servizo Galego de Saúde con los 1.220 euros que costó la atención médica recibida por la mujer tras la agresión sexual sufrida.
