La Audiencia Provincial de Pontevedra retomará este martes el juicio contra los 21 procesados por el alijo de 1.700 kilos de cocaína intervenido en el remolcador Titán III en 2018 tras haberse suspendido en dos ocasiones.
En concreto, la vista fue aplazada los pasados meses de febrero y marzo por bajas médicas de los abogados y quedó fijada para los días 20 y 21 de julio y del 20 de septiembre al 1 de octubre. Sin embargo, fuentes judiciales han apuntado que un cambio de letrados podría afectar al comienzo del juicio.
Según recoge el Ministerio Público en su escrito de acusación, los procesados "estructuraron sus relaciones" con "un esquema de actuación piramidal" para "participar lucrativamente en la importación de un cargamento de cocaína" llegado a España por vía marítima.
En los primeros momentos de la investigación existieron indicios de que Manuel Charlín y uno de sus hijos participaron en los preparativos y la coordinación de un transporte de droga desde Sudamérica. No obstante, en el momento de cerrar la instrucción, el juez acordó seguir la causa contra 21 personas de las 30 inicialmente vinculadas al caso, de forma que la archivó con respecto a nueve personas entre las que se encontraban Charlín y uno de sus hijos.
Según mantiene la Fiscalía, a finales de 2016, tres de los acusados planificaron la introducción del cargamento de estupefacientes. No obstante, remarca que su actuación "no se limitó a una única operación de narcotráfico", ya que "aunaron sus esfuerzos guiados a trabar contactos con terceros que les pudieran posibilitar distintas vías de introducción de estupefaciente con varias alternativas de transporte".
ABORDAJE DEL TITAN III. Mediante la investigación policial, que se desarrolló durante varios meses, el 7 de agosto de 2018 se llevó a cabo el abordaje del remolcador Titan III y se detuvo a sus cuatro tripulantes. En su interior se halló un cargamento que superaba las 1,7 toneladas de cocaína, con una riqueza media del 84,8 %, y un valor en el mercado ilícito de al menos 59,2 millones de euros.
Asimismo, al día siguiente, se interceptó un segundo barco, el pesquero Sempre Cacharelos, que se encontraba a 110 millas del punto de encuentro "concertado para el trasvase de la droga que debía recibir" del remolcador. En las siguientes horas se produjeron las detenciones del resto de los investigados.
Por estos hechos, la Fiscalía solicita nueve años de prisión para cuatro de los seis coordinadores del operativo y 200 millones de euros en multas, y para los otros dos pide 12 años de prisión y 340 millones de euros en sanciones. Para el resto de los procesados solicita penas entre 10 y 13 años y medio de prisión, y multas de entre 200 y 340 millones de euros.
