En el año 2017, el tramo de la autopista entre Pontevedra y Vigo reflejó en las estadísticas del Ministerio de Fomento una intensidad media diaria próxima a los 29.600 vehículos, de los cuales 27.100 eran ligeros y el resto, camiones. A finales de 2018, el vial de pago que gestiona Audasa cerró el ejercicio con 21.800 coches diarios en el tramo que separa el municipio olívico de la Boa Vila. La polémica con las obras del puente de Rande, la mala imagen pública de la concesionaria de la vía y, sobre todo, las sucesivas subidas aplicadas al peaje le han restado una media de 7.700 usuarios al día al tramo más concurrido de toda la AP-9.
Casi al mismo tiempo, la N-550 entre Redondela y Pontevedra y la N-554 entre Vilaboa y el municipio lerezano han ido incrementando su intensidad media de tráfico hasta superar los registros de la autopista. El vial alternativo al peaje por Vilaboa anota en la actualidad el paso de casi 11.000 vehículos cada 24 horas. Y el que une Redondela y la capital provincial supera los 15.300. En total, más de 25.000 coches y camiones circulan cada jornada entre las dos grandes ciudades de la provincia sin pagar la autopista, frente a los menos de 22.000 que sí lo hacen.
La proyectada autovía paralela a la AP-9 entre Pontevedra y Vigo es más un deseo que una realidad
La jefatura de Tráfico lleva varias semanas realizando una vigilancia especial sobre la Nacional 554, desde O Morrazo hasta Vilaboa, ante el evidente riesgo de saturación que corre este tramo de poco más de diez kilómetros, con dos sentidos de circulación, una docena de rotondas en su recorrido y sin carriles habilitados para el adelantamiento. Los agentes estudian con detalle la evolución del tráfico, al borde de la saturación en las horas punta de acceso y salida al trabajo, con retenciones que en algunos momentos puntuales superan los quince minutos.
El panorama de esta carretera se complica además con el gran número de camiones que optan por este trazado escapando del peaje en la AP-9, que hoy en día rondan ya los 700 diarios.
Los estudios realizados por el propio Ministerio de Fomento en los últimos años cifran el riesgo de saturación absoluta de este vial en el entorno de los 10.000 coches, teniendo en cuenta que se trata de un área densamente poblada.
Este umbral lleva traspasándose más de dos años y, en los últimos meses, está siendo superado de manera constante y peligrosa. Tanto, que el alcalde de Vilaboa ya ha alertado sobre las consecuencias que esta dinámica podría ocasionar en el municipio para la circulación de las personas y, sobre todo, para su seguridad.
Los miembros de la Dirección General de Tráfico analizan mensualmente los datos de la N-554 en función de los siniestros que se producen, la peligrosidad de la vía y el índice general de tráfico. Dado el incremento registrado desde la última subida de los peajes, el vial está siendo considerado con carácter especial para controlar en la medida de lo posible la cantidad de intercambios que registra entre Pontevedra y Vigo.
Lo cierto es que, de momento, no existe ninguna otra alternativa. La proyectada autovía paralela a la AP-9 entre Pontevedra y Vigo es más un deseo que una realidad. Pese a que los responsables de Fomento han presupuestado y están tramitando el tramo correspondiente a la circunvalación de Pontevedra, nada se ha avanzando en la continuación del vial entre Vilaboa y Redondela.
En medio de todo este proceso, la Xunta de Galicia continúa presionando en Madrid para lograr una transferencia del control sobre la autopista gallega, lo que permitiría forzar a la concesionaria para que introduzca bonificaciones adicionales a las ya existentes en sus peajes, por ahora limitadas a la gratuidad del viaje de vuelta entre Pontevedra y Vigo, de lunes a viernes y siempre que los usuarios dispongan del dispositivo electrónico de paso (OBE).
Además, la concesionaria de la AP-9 sigue pendiente de la millonaria demanda presentada por la Fiscalía que exige "la restitución de las cantidades abonadas por los conductores en concepto de peajes durante los más de tres años de obras en el puente de Rande".
El Ministerio Público solicita la devolución, con intereses, del dinero abonado por los conductores entre el 27 de febrero de 2015 y el 1 de junio de 2018, y se remite a los datos de la propia Audasa para hablar de "unos 77 millones de tránsitos y de en torno a 90 millones de euros por la recaudación por peajes correspondiente a vehículos ligeros".
El fiscal mantiene que, durante las obras, la entidad mantuvo invariables las tarifas a pesar de las restricciones permanentes de tráfico, e insiste en que, durante el periodo indicado, "el tráfico se vio permanentemente afectado en el tramo del puente de Rande, dado que la reducción del número de carriles en uso y la reducción de los límites de velocidad, además de las sucesivas tareas de ejecución de las obras, implicaron que la fluidez disminuyera, siendo preciso emplear más tiempo del habitual para recorrer la misma distancia de autopista".
