La Autoridad Portuaria y empresas del puerto inician su pelea judicial pro Ence

Ceferino Nogueira y Caligrain, entre otras sociedades, obtienen el visto bueno de la Audiencia Nacional para personarse en la causa abierta y recurrir la anulación de la prórroga de la pastera
Protesta de trabajadores de Ence en Pontevedra. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
photo_camera Protesta de trabajadores de Ence en Pontevedra. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
La batalla judicial que tiene entre manos el futuro de Ence ha incorporado nuevos combatientes. Se trata de la Autoridad Portuaria y varias empresas auxiliares de la pastera que, según ha podido saber este periódico, ya han recibido el visto bueno de las autoridades judiciales para personarse en el litigio en curso. El objetivo: intentar tumbar la anulación de la prórroga vigente que ha sentenciado la Audiencia Nacional y que, salvo dictamen en contra, aboca a la factoría de Lourizán a cerrar sus puertas.

Ceferino Nogueira y Caligrain son dos de las sociedades que han decidido dar el paso, junto a "cuatro o cinco compañías" de la Plataforma Proindustria, fundada en 2015 por 18 firmas vinculadas a la pastera. Cada una de ellas tiene previsto presentar su propio recurso de casación ante el Tribunal Supremo, incidiendo en la importancia que representa la actividad de Celulosas para cada una de ellas. "Nos hemos personado con el ánimo de presentar un recurso de casación, porque entendemos que el cierre potencial de Ence nos afecta de forma importante. Hay una gran inversión hecha para esta actividad, que representa un movimiento de 400.000 toneladas y en la que participan transportistas, estibadores y personal del grupo", subraya el presidente del Grupo Nogar, Víctor Nogueira. "El cierre de Ence supondría un impacto importante en puestos de trabajo y en actividad empresarial", añade a este medio.

Ambas empresas, así como la propia Autoridad Portuaria de Marín, ya han recibido autorización de la Audiencia Nacional para incorporarse al caso, abierto a raíz de la denuncias presentadas por el Concello, Greenpeace y la APDR contra la moratoria de 60 años concedida por el Gobierno en de Mariano Rajoy para que Ence pudiera seguir en Lourizán hasta 2073. Además, Ence ha anunciado que presentará su propio recurso, así como al menos una asociación ligada al sector forestal y los trabajadores. El plazo para tramitar dichas alegaciones finaliza el día 28.

Lo que falta por ver es si el Tribunal Supremo acepta o no los recursos de casación que están en fase de redacción. Dentro de los partidarios de la continuidad, hay agentes que defienden su viabilidad, mientras los díscolos ven difícil que la batalla judicial prospere. Principalmente, por la contundencia del veredicto publicado a finales de junio por la Audiencia Nacional, que considera que Ence no ha conseguido justificar la necesidad de seguir ocupando terrenos de dominio público marítimo-terrestre para continuar fabricando pasta de papel.

Precisamente, sindicatos y el propio Gobierno autonómico han reclamado al Gobierno central soluciones jurídicas o administrativas al conflicto, entre las que se llegaron a mencionar (por ahora sin éxito) la recalificación del suelo que ocupa Ence, el traspaso de la titularidad de los terrenos al Puerto o la modificación de la Ley de Costas.

La mesa de diálogo, pendiente del informe de las localizaciones
Los participantes en la mesa de diálogo sobre el futuro de Ence están pendientes de recibir el informe con las 440 localizaciones descartadas por la empresa para levantar una nueva fábrica en Galicia.

La mesa está integrada por representantes de los Gobiernos central, autonómico y local, trabajadores y agentes del sector forestal. Su principal reto es conseguir una fórmula para garantizar la continuidad de los 450 empleos directos de Ence y los casi 5.000 indirectos e inducidos.

En la última reunión, celebrada el 10 de septiembre, la empresa se comprometió a remitir al resto de integrantes de la mesa el informe encargado a la consultora Idom, en el que se concluye que en Galicia no hay lugar alternativo para levantar una pastera como la de Lourizán. El plazo para examinarlo fue fijado en 15 días, si bien el documento aún debe ser enviado.

Sentencia de la APDR
Por su parte, la Asociación Pola Defensa da Ría espera recibir este mes la resolución a la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional para revocar la prórroga vigente de Ence. Las sentencias emitidas, que anularon dicha moratoria, se ciñen a los recursos presentados por el Concello y Greenpeace, si bien integrantes del colectivo ecologista presumen que el sentido del veredicto a su caso irá en la misma dirección.

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