El blanqueo de marisco es una modalidad delictiva que, tal y como sospechaban responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado presentes en Pontevedra, se lleva practicando durante algunos años. A través de varios modus operandi, tal y como adelantó en este periódico meses atrás Álvaro Lago Lusquiños, jefe del Seprona, organizaciones criminales afincadas en Portugal transportaban bivalvos a España (principalmente a las Rías Baixas) para su posterior venta como si fuesen autóctonos. Una operación llevada a cabo de forma conjunta entre la Policía Marítima de Lisboa y la Policía Nacional (con apoyos puntuales de otros servicios especializados) sirvió para desarticular la citada organización y para desenmascarar a quienes en Galicia, principalmente, aunque también en otros puntos del país, estaban lucrándose a través de la venta de almeja japónica portuguesa como si fuese pontevedresa. Fruto de más de dos años de investigaciones, el pasado 13 de marzo se produjo la fase final de la operación, que incluyó registros en una decena de depuradoras de marisco de la provincia. En su día trascendieron los efectuados en Campelo (Poio), Cambados y O Grove. Este domingo se supo que los implicados eran muchos más, especialmente en Pontevedra, pero también en las provincias de Huelva, Santander y Gipuzkoa.
En total, los agentes de la Policía Nacional (que se desplazaron desde Madrid al resto de las provincias para llevar a cabo los registros) inmovilizaron diez toneladas de almeja japónica que habían sido capturadas por mariscadores furtivos en Portugal e introducidas ilegalmente en España.
La Policía calcula que el bivalvo furtivo se compraba a tres euros en Portugal y a siete en España, y llegaba al consumidor al 12 euros/kilo
Los investigadores señalan como implicados directamente en los delitos a una veintena de viveros, que supuestamente compraban el marisco a la organización lusa y lo vendían en España con documentación falsificada, una vez blanqueado.
La rama portuguesa adquiría el bivalvo a los furtivos a tres euros el kilo y lo vendía a los empresarios españoles a siete. Finalmente, el producto llegaba a los consumidores a 12 euros.
Para avanzar en las investigaciones, que se iniciaron en 2015, la Policía siguió la pista de los transportistas que introducían el marisco en Galicia. Eso fue lo que le permitió llegar hasta los citados viveros de Pontevedra y del resto de provincias.
La almeja japónica, que escasea en España, está considerada una especie invasiva en el lugar en el que se capturaba, en zonas contaminadas de Portugal.
El primer gran despliegue policial por este asunto se produjo en 2017, con la intervención de cinco toneladas del citado marisco con documentación falsificada.
Las autoridades efectuaron 20 inspecciones e investigan a otras tantas empresas por lo ocurrido, además de a dos personas físicas, a las que se atribuyen supuestos delitos de falsedad documental, marisqueo ilegal, fraude fiscal y blanqueo de capitales.
El jefe del Seprona lo adelantó a Diario de Pontevedra
"Existen mecanismos que les sirven para camuflar el marisco"
Álvaro Lago Lusquiños, jefe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Pontevedra, alertó en diciembre del año pasado en páginas de este periódico de la más que probable existencia de blanqueo de marisco portugués que ahora ha quedado acreditada.
"Ya llevamos algún tiempo detectando tráfico ilegal de marisco, sobre todo de bivalvos, desde Portugal hacia España. Existen mecanismos que les sirven para camuflar el marisco como si fuese autóctono", detalló. Lago Lusquiños fue más allá, y explicó que "se han detectado siembras en zonas de marisqueo intensivo que, una vez que se extraen, ya no pueden diferenciarse del bivalvo de la ría".
Una imprenta española servía para dar una apariencia lícita a las transacciones
La investigación, en la que también trabajaron los servicios de GardaCostas, de Veterinaria y de Inspección de Pesca de la Xunta de Galicia, así como sus homólogos de Cantabria y Huelva y la delegación del Servicio de Vigilancia Aduanera de Gipuzkoa, sirvió para determinar la presencia de una imprenta española que servía para dar una apariencia lícita a las transacciones de marisco ilegal.
La citada imprenta estaría colaborando con la organización investigada, hasta el punto de falsificar documentos administrativos oficiales.
Las últimas pesquisas determinaron que no solo los viveros adquirían el bivalvo contaminado, sino que también lo hacían otros comercios españoles.
