Una mujer con una pensión de más de 2.100 euros al mes, además de rentas por el alquiler de una plaza de garaje y que acababa de cobrar más de 34.000 por una indemnización tras sufrir un accidente de tráfico que limitó su autonomía personal fue la víctima perfecta para una presunta criminal que, haciéndose pasar por una empleada del hogar al uso, le vació las cuentas, hasta el punto de hacerse con más de 103.000 euros con total impunidad. Eso es, al menos, lo que asegura la Fiscalía Provincial de Pontevedra, que defiende la acusación pública por un presunto delito de apropiación indebida cada vez más común en los tiempos que corren, y muchas veces repetido en los últimos meses con víctimas en la Boa Vila, aunque no en tanta cuantía.
"Le decía que se acababa el dinero para los gastos y le sugería que debía retirar más efectivo del banco", explica en su escrito la Fiscalía
La Fiscalía explica en su escrito de acusación provisional que "en septiembre de 2016, la acusada comenzó a prestar servicio, como empleada del hogar interna, en el domicilio de la víctima, sito de Pontevedra, cuando esta contaba con 86 años de edad -actualmente tiene 91 años- tras sufrir esta un accidente de tráfico, que limitó su autonomía personal", y añade que "valiéndose de esta circunstancia y siendo conocedora de sus limitaciones, aprovechó la relación de dependencia establecida, y tras ganarse su confianza comenzó a gestionar los gastos que se iban produciendo habitualmente". Mediante esa operativa, continúa la acusación, y "movida por el ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito a costa de lo ajeno, aprovechando, además la inexistencia de control sobre esa cuentas, por parte de la víctima o de algún familiar cercano, le decía que se acababa el dinero para los gastos y le sugería que debía retirar más efectivo del banco".
De ese modo y hasta que se produjo el despido de la supuesta empleada del hogar, la acusada acompañaba a la víctima a las entidades bancarias Abanca y Banco Santander, donde la víctima efectuaba reintegros en ventanilla de forma habitual, "dos veces al mes y a veces tres, por importes de 1.500 y 2.000 euros", según señala el escrito de acusación.
Además de las disposiciones en metálico, realizaban operaciones denominadas reintegro cajero automático, o sea, disposiciones en efectivo en cajero por importes de 600 euros, "sin que la víctima fuere consciente de todo ello, teniendo la clave de la tarjeta (PIN) apuntada en una tarjeta que portaba en el monedero, logrando apropiarse de esta forma, de 103.730 euros desde que fue contratada hasta que se produjo su despido".
Así, en una de sus cuentas, entre 2016 y 2019 la ahora nonagenaria tuvo unos ingresos de 136.230,81 euros, y a fecha 10 de enero de 2020 su saldo era de 3.621,42 euros. En la segunda de ellas, y pese a haber tenido imposiciones de más de 30.000, su saldo en enero de 2020 era de poco más de 6.000.
Cierto es que de esas cantidades deben detraerse los 1.500 euros que percibía la acusada por su trabajo como empleada del hogar, de ahí que la cantidad reclamada en el juicio se fije en 103.000.
En el juicio, que tendrá lugar el martes en la Audiencia pontevedresa, el fiscal pedirá para la acusada cinco años de cárcel.
