Los bomberos de los cuatro parques que forman el Consorcio Contra Incendios y de Salvamento se convirtieron ayer en los principales protagonistas del Pleno de la Deputación. Tras revolucionar las calles de la ciudad con una manifestación en la que no faltaron bocinas, bengalas y botes de humo, el grupo (muy numeroso) trasladó al Pazo Provincial sus reivindicaciones contra la concesionaria del servicio, Matinsa, a la que acusan de incumplir el pliego de condiciones del contrato con el Consorcio que financian la Deputación y la Xunta.
A pesar de las protestas, el Gobierno bipartito rechazó la petición de someter a una auditoría a la empresa y, por lo tanto, también descartó iniciar el proceso para rescindir el contrato con ella.
Los bomberos no pudieron tomar la palabra en el Pleno, pero expusieron sus demandas a través de una moción presentada por el diputado de Son Marea, Xosé Lois Jácome. De este modo se refirieron a los "constantes incumprimentos" por parte de Matinsa, que, según dijeron, provocan que «o cadro de persoal acuda ás emerxencias con equipos de traballo con menos efectivos dos mínimos recomendados, con roupas de traballo inadecuadas ou coas unidades específicas que funcionaban antes da concesión totalmente desmanteladas". En la misma línea, precisaron que "Matinsa, aínda recibindo máis de tres millóns de euros anuais por parte da Deputación, precariza o servizo e ó persoal".
Entre otros ejemplos, señalaron que «o equipo de rescate do parque do Baixo Miño que permite dar aire a vítimas de incendios leva avariado dende 2014 e o seu arranxo non excede os 250 euros; os traxes de intervención química de nivel II do Morrazo deterioráronse chegando a ser roídos por ratos; un remolque de lancha quedou á intemperie durante anos, o que provocou que quedase inoperante; a lancha do Baixo Miño leva dous meses pinchada e un dos explosímetros atópase avariado desde hai un ano; os equipos de excarcelación hidráulicos non están seguindo o mantemento marque la Inspección de Trabajo reconoció 19 de las 25 reclamaciones interpuestas por los bomberos y, aunque solicitó una auditoría y que, de ser el caso, la Deputación inicie el expediente para rescindir el contrato con la empresa, la moción no prosperó.
Frente a los 13 votos a favor de Marea y del PP, el grupo de Gobierno sumó 14 en contra, por lo que descartó llevar adelante tales medidas. El vicepresidente provincial, César Mosquera, afirmó que "unha cuestión contractual non se arranxa cunha moción". Asimismo, indicó que, junto a las condiciones en las que Matinsa presta el servicio, hay una cuestión de fondo: la petición de los bomberos para que el servicio se desprivatice y pase a ser público.
Sobre esto, el socialista Carlos López Font señaló que fue el anterior presidente, Rafael Louzán, quien firmó en 2013 el contrato con Matinsa hasta el año 2021, algo que también argumentó Mosquera para indicar que la rescisión del contrato podría derivar en el despido de los trabajadores.
En la misma línea, Font aseguró que el gerente del Consorcio Contra Incendios realiza un informe mensual sobre el servicio y "hasta ahora no se ha remitido ninguno negativo", dijo, añadiendo que las irregularidades planteadas se han ido subsanando. Estas afirmaciones fueron las que más crisparon los ánimos de los bomberos, quienes al grito de "¡fuera, fuera!" se levantaron y abandonaron el salón de plenos entre airadas protestas.
El portavoz del PP, Ángel Moldes, acusó al equipo de Gobierno de "mentirlle aos traballadores" al inicio del mandato "ao dicirlles que o servizo ía pasar a ser público" y recordó que las Diputaciones de Lugo y A Coruña ya han dado pasos para desprivatizar sus respectivos consorcios provinciales de emergencias.
FIN DEL DEBATE. La presidenta, Carmela Silva, fue la encargada de cerrar el debate asegurando que "non é tan sinxelo pasar un servizo de privado a público". De hecho, expuso que la Deputación coruñesa finalizó el contrato con la empresa que tenía la concesión de su servicio en el año 2016 y todavía no ha conseguido implementar una gestión directa. En el caso de Lugo, el contrato termina en 2019 y será entonces cuando se inicien los pasos, dijo, para añadir que la de Pontevedra lo hará en 2021, cuando expire su concesión.
De hecho, señaló que la Xunta "non ten ningún interese en cambiar o modelo de xestión", porque "xa dixo que non ía poñer nin un euro para facer o servizo público".
Asimismo, Silva recordó que el actual Gobierno hizo que, por primera vez, el gerente del Consorcio "se elixa polos cauces reglamentarios, e non como antes, que o designaba o presidente co seu dedo máxico elixindo para iso ao candidato do PP na Illa de Arousa, que non tiña ningunha formación para ese cargo", aseveró.
También indicó que "antes non se facía ningún seguemento da prestación do servizo" y aseguró que este "mellorou de forma substancial".
Al margen del debate político, los bomberos mostraron su malestar fuera del salón de plenos. El portavoz del comité, que también se llama Ángel Moldes, calificó de "vergoñenta" la postura del Gobierno provincial y dijo que esta supone "unha falta de respecto cara ós bombeiros". Así, acusó tanto al PSOE como al BNG de "incumprir o pacto de Goberno" sobre "desprivatizar o servizo" y señaló que "chama moito a atención" que "os políticos encargados de velar porque se cumpra o contrato con Matinsa, que se paga con fondos públicos, non reaccionen ante todos os incumprimentos que nós lle presentamos nun documento no que os relatamos exhaustivamente".
El portavoz de los trabajadores reiteró su advertencia de que "se o Consorcio Provincial no que están a Deputación e a Xunta non toma medidas, presentaremos a reclamación ante Fiscalía" y señaló que, después de lo visto en el Pleno, esa opción toma fuerza. Asimismo, indicó que, aunque el contrato con Matinsa dura hasta 2021, se podría rescindir en caso de incumplimiento. "Por iso solicitamos que se faga unha auditoría, como se fixo no Consorcio de Lugo tras unha petición presentada polo BNG e votada unanimente por todos os grupos", señaló.
