A la Comisión Europea se le acaba la paciencia. Tras dictaminar que la prórroga de Audasa en la autopista gallega -hasta el año 2048- fue irregular, el Gobierno español agotó en junio el plazo para defenderse o tomar cartas en el asunto y expulsar a Audasa. La pasada semana se terminó también la prórroga de dos meses concedida para profundizar en las alegaciones, un tiempo extra en el que el Ministerio de Transportes presentó dos informes más que no han logrado variar la decisión de la UE. Para Bruselas, al Ejecutivo de Pedro Sánchez le toca anular esa prórroga de 35 años aprobada en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar y convocar un nuevo concurso. Eso o rescatar directamente la autopista. La tercera opción sería obviar los apremios de Europa. Pero la Comisión acaba de aprovechar el inicio del curso político para recordarle a España que la AP-9 acabará ante el Tribunal de Justicia Europeo si la posición de Madrid continúa apostando por demorar el problema.
El traslado del dictamen sobre la autopista gallega a la máxima instancia judicial de Estrasburgo dilataría el asunto entre tres y cinco años. Pero si el fallo de los magistrados refrendase la irregularidad de la prórroga en la autopista gallega obligaría a repetir el concurso o anular los peajes de inmediato, porque España se enfrentaría a una sanción millonaria por cada día que transcurriese sin cumplir la sentencia.
El Parlamento gallego ya solicitó al Gobierno central el traspaso de competencias sobre la AP-9 y, más tarde, el rescate directo de la concesión de la autopista. Pero el ministro Óscar Puente negó cualquiera de las dos opciones. La primera, por considerar que no hay razones para ello, y el levantamiento de los peajes por ser "demasiado caro". Puente bailó en varias ocasiones el coste del rescate. Desde los dos mil hasta los seis mil millones de euros. Pero lo cierto es que en mayo de 2023 la propia Audasa señaló públicamente que solicitaría una indemnización de 1.068 millones si le anulaban el contrato.
La asociación gallega En-Colectivo, que en julio de 2019 interpuso la denuncia ante la Comisión Europea que ha dado lugar a toda esta polémica, considera que es el momento idóneo para "ejercer la presión política necesaria" y "provocar el rescate de la autopista y la anulación de los peajes". Su portavoz, Diego Maraña, pidió este lunes que todos los gallegos "nos unamos para exigir al Gobierno que no se oponga al cumplimiento de la legalidad y que inicie el procedimiento de anulación de la prórroga para que los gallegos disfrutemos de una autopista gratuita".
Para la asociación denunciante, resulta "muy preocupante" que el Gobierno español continúe alegando "indefensión" e "inseguridad jurídica", ya que implícitamente "estaría cuestionando la objetividad de la Comisión Europea, que en este tipo de procedimientos vela por los derechos de los ciudadanos".
Tres precedentes en España, Italia y Estados Unidos
En el distrito metropolitano de Houston, el Estado de Texas dio a conocer hace una semana su decisión de revertir la titularidad de la autopista SH288, después de que el pasado 30 de julio los integrantes de la Comisión de Transportes votaran por unanimidad habilitar a Texas Transportation Finance Corporation para llevar a cabo los trámites de conclusión anticipada del plazo de explotación. El Estado asumió indemnizar con 1.600 millones de euros a la concesionaria, participada por las españlas Abertis y ACS.
En Italia, la autopista entre Livorno y Civitavecchia acabó siendo anulada por el mismo motivo por el que ahora Bruselas exige a España la repetición de la prórroga: el contrato no permitió que otros aspirantes se presentasen y vulneró las normas europeas del libre mercado. El Gobierno italiano tampoco hizo caso a la Comisión Europea y esta acudió al Tribunal de Estrasburgo, donde se ratificó el dictamen de la UE y se sancionó al Ejecutivo romano por cada día en que se incumplió la sentencia, una vez dictada.
Por último, el pasado julio, el Ministerio de Transporte anunció el levantamiento durante tres meses del peaje de la autopista AP-7 Circunvalación de Alicante, pese a la negativa mostrada hasta entonces por los responsables del Gobierno central para analizar la reclamación de los municipios de la Costa del Sol occidental de eliminar el pago por el uso de la AP-7 con el objetivo de aliviar la congestión de la autovía a su paso por la zona y hasta que sea acometido el esperado tren litoral.
