La tormenta desatada por la Ley de Cambio Climático ha planteado interrogantes sobre el presente y futuro de las concesiones que ahora mismo permiten a empresas e instituciones ocupar terrenos de dominio público marítimo-terrestre (DPMT), o lo que es lo mismo, el litoral. Finalmente, el Senado ha acordado que la nueva norma no afecte a los permisos ya vigentes, pero ¿cuántos hay ahora mismo y qué futuro les depara?
Preguntado por este asunto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha informado a este periódico de que en la costa de la provincia están cuantificadas 183 concesiones susceptibles de recurrir a la prórroga extraordinaria, una figura que permite ampliar el permiso de ocupación en función de las características del demandante: durante 75 años en el caso de viviendas, 50 si son empresas y 30 si son negocios de restauración.
Del total, 61 ya han solicitado la oportuna prórroga y otras 63 han perdido el derecho a reclamarla, aunque según el Ministerio "pueden pedir una nueva concesión". En el caso de otras 59 concesiones, sus titulares aún no han vencido el primer plazo para demandar la moratoria, por lo que en principio están en calidad de solicitar tiempo extra.
Entre los concesionarios se encuentran empresas vinculadas al sector mar-industria, compañías que trabajan otros nichos de mercado, instalaciones secundarias de esas empresas (como tuberías y redes de captación de agua) y equipamientos públicos, como colegios o campos de fútbol.
FUERA DE PLAZO. De las prórrogas otorgadas hasta la fecha, el departamento que dirige la socialista Teresa Ribera asegura que en el tramo de la costa pontevedresa solo tres exceden el plazo de 75 años que plantea el Gobierno central para todas las concesiones. Una de ellas corresponde a una caseta de utensilios de pesca (que sólo se pasaría del tope por un año), otra a unas instalaciones deportivas y otra a la que pidió Ence, la cual está actualmente pendiente de que la Audiencia Nacional decida si fue válida o no.
A estos casos se suma una cuarta petición de prórroga para otras instalaciones deportivas, aunque en este caso el Ministerio, que no detalla su ubicación, señala que se resolvió de forma desfavorable, denegando la posibilidad de prórroga.
Ence, Elnosa, Pontesa, Pescamar y dos depuradoras figuran como las únicas industrias de Pontevedra asentadas sobre DMPT
INDUSTRIAS COSTERAS. En Galicia hay 127 instalaciones de cultivos marinos que ocupan total o parcialmente terrenos calificados de dominio público marítimo-terrestre. De estos, casi la mitad (60), están situados en el litoral pontevedrés, aunque no todos son visibles a primera vista. Ese total incluye "bateas", pero también "tuberías, balsas, emisarios, jaulas y cercados de cultivo de especies" de empresas próximas al mar que no llegan a estar asentadas sobre terreno público.
Según los datos aportados por el Ministerio de Transición Ecológica, en estos momentos solo constan en la costa de Pontevedra siete concesiones de empresas industriales que ocupan la franja de dominio público, que son: Ence, Elnosa, la Gasolinera de O Burgo, la nave de Pontesa, la fábrica de conservas Pescamar y dos depuradoras de moluscos situadas en O Grove y A Illa de Arousa.
En el primer caso, el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy aprobó en 2016 conceder a la pastera una prórroga extraordinaria por el plazo máximo (50 años) y un extra de diez años por actuaciones de carácter medioambiental que, según la empresa, ya han sido ejecutadas. Sin embargo, la ampliación fue recurrida por el Concello de Pontevedra, la APDR y Greenpeace al entender que esta prórroga incumplía dos normas básicas: la Ley de Costas de 1988, que reserva el dominio público marítimo-terrestre para actividades que por su naturaleza no puedan estar en otra zona, y la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas de 2003, que impone el tope de los 75 años para cualquier concesión pública, siendo su rango superior al de las posteriores normativas de Costas.
La empresa defiende lo contrario e insiste en que la prórroga fue concedida con todas las de la ley, por lo que la Audiencia Nacional deberá dirimir qué parte tiene razón. Si da la razón a Ence, significaría que puede seguir funcionando en Lourizán hasta 2073. Si da la razón a los demandantes, lo más probable es que el plazo se recorte hasta 2033.
Tres de las prórrogas superan el plazo de 75 años: la de Ence y las de una caseta de pesca y unas instalaciones deportivas
OTRAS EMPRESAS. Otra industria que ocupa terreno público es Elnosa, aunque en este caso la concesión ya ha caducado y su titular, el grupo luso Bondalti, está procediendo a la demolición del edificio (tras no obtener el ok de Costas para prorrogar la concesión).
El listado de industrias en DPMT facilitado por Transición Ecológica también incluye la gasolinera de O Burgo. La Dirección General de Costas rechazó su petición de prórroga para seguir en esta ubicación hasta marzo de 2028, lo que llevó a la empresa a recurrir el fallo (pendiente de resolución). El Concello respalda la negativa de la Dirección General, pues quiere recuperar esta zona para usos públicos, aunque por lo de pronto no se ha perfilado con detalle el tratamiento de la zona.
La antigua nave de Pontesa también forma parte de ese listado y su caso tampoco está exento de enredos. Itaipú-Trade, ahora empresa propietaria del inmueble, obtuvo en 2017 permiso de la Dirección General de Costas para usar la antigua factoría de cerámica como almacén hasta 2036, con la posibilidad de obtener otra moratoria de 20 años. Sin embargo, el Concello recurrió y tres años después esa misma Dirección General respaldó la denuncia municipal al entender que ese permiso no se ajusta a derecho. Los argumentos fueron los mismos que usó la Abogacía del Estado cuando se allanó en el caso Ence y, al igual que sucede con la pastera, el asunto está pendiente de resolución judicial.
La fábrica de conservas Pescamar es la quinta industria en DPMT que señala Transición Ecológica. La compañía solicitó en 2014 una prórroga extraordinaria por una duración de 50 años, que en principio podría disfrutar hasta su caducidad.
A esta se suman dos industrias más, correspondientes a dos depuradoras de mariscos situadas en los municipios de O Grove y A Illa de Arousa.
EQUIPAMIENTOS. La Deputación solicitó a Costas dos prórrogas para ampliar las concesiones del Parque de Maquinaria (que prevé trasladar al polígono de Barro-Meis) y de la imprenta provincial (que también pretende trasladar).
El Concello de Pontevedra, no obstante, abogó en su momento por abrir esos terrenos de cara al público, además de reclamar la titularidad de varios espacios que ocupan terrenos de dominio público marítimo terrestre cercanos al río Lérez, como el propio pabellón municipal, la calle Juan Manuel Pintos, la parcela utilizada como aparcamiento disuasorio enfrente del pabellón, una parte del parque Rosalía de Castro y un tramo de la avenida de Compostela entre el puente y la rotonda del pabellón.
59 de las 183 concesiones todavía están en vigor y a tiempo para solicitar una prórroga a la Dirección General de Costas
Distintos criterios
Según la versión oficial, el detonante que llevó a cambiar la normativa fue un informe de la Abogacía del Estado que encargó el Gobierno socialista al poco de llegar a Moncloa para resolver el entuerto de la caducidad de las concesiones que habían sido otorgadas al amparo de la Ley de Costas de 1988 por un plazo máximo de 30 años. La Abogacía (que en 2015 había dado luz verde a la prórroga de Ence) concluyó entonces (en 2018) que debería modificarse el Reglamento General de Costas de 2014 para unificar criterio. Sobre todo, para corregir algunas incoherencias entre esta norma y la Ley de Costas de 2013 aprobada por el PP, en la que se introdujo una prórroga extraordinaria de 75 años que dio pie a ampliar concesiones durante seis décadas.
Cambio Climático
Tras desistir de reformar el Reglamento, el Gobierno sondeó la posibilidad de reformar la Ley de Costas de 2013, pero de nuevo acabó desistiendo o al menos posponiendo la idea. En su lugar, promovió una nueva ley, la de Cambio Climático, que está a punto de ser aprobada. Su gran meta es conseguir que España alcance la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero no más tarde de 2050, pero en el articulado incluye dos puntos que establecen de forma tácita el tope de 75 años para las concesiones. La propuesta movilizó a la patronal y a la propia Xunta, al entender que podía tener carácter retroactivo y condenar a cientos de empresas gallegas, pero finalmente la polémica quedó zanjada con una enmienda de C’s que reserva los cambios para las futuras concesiones.
