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Los cambios en el Reglamento de Costas podrían poner fin a diez prórrogas en vigor

Gasolinera de O Burgo. GONZALO GARCÍA
Gasolinera de O Burgo. GONZALO GARCÍA

Ence y la gasolinera de O Burgo están afectadas por la modificación de la norma de 2014, que prohíbe superar los 75 años en el litoral y veta las actividades empresariales que pueden llevarse a cabo en el interior ▶ Otras 32 solicitudes de prórroga están pendientes de resolver, de las que siete pertenecen a la industria y tres son de uso residencial

La intención del Gobierno central de revisar de oficio las prórrogas de las concesiones de Costas que están en vigor podría poner punto y final a una decena de permisos concedidos a nivel provincial para ocupar terrenos de dominio público marítimoterrestre. Entre los afectados se encuentran Ence, cuya prórroga ha sido la única judicializada a nivel estatal, y la gasolinera de O Burgo, cuyos propietarios obtuvieron el año pasado una prórroga de diez años.

Según informó a este periódico la diputada socialista Patricia Vilán, la provincia fue objeto de 21 prórrogas extraordinarias en los últimos años. Sin embargo, diez de ellas podrían ser anuladas o detenidas antes de tiempo con arreglo a la modificación del Reglamento de Costas de 2014 que está tramitando el equipo de Pedro Sánchez. Los cambios propuestos en el articulado (que todavía están en fase de estudio de las alegaciones presentadas) proponen unificar criterio entre las leyes anteriores y seguir la propuesta de Consejo General del Estado de imponer un máximo de 75 años para todas las concesiones. Además, aboga por retirar de la costa aquellas actividades que puedan desarrollarse en otro emplazamiento.

En el caso de Ence, la prórroga de 60 años otorgada por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy implicaría llegar a los 115 años, ya que la factoría inició su actividad en 1958 y el permiso actual estaría vigente hasta 2073. Además, la Abogacía del Estado ya ha advertido de que en la prórroga en cuestión "no queda justificado que la ubicación de la mercantil sobre el dominio público marítimo-terrestre no pueda tener otro emplazamiento", reza el informe.

En cuanto a la gasolinera de O Burgo, el Ministerio de Transición Ecológica considera que desarrolla una actividad incompatible con el dominio público que puede trasladarse a otro lugar.

A LA ESPERA. Al mismo tiempo, hay "otras 32 solicitudes de prórrogas pendientes de resolver". Según precisa Vilán, una de ellas supera los 75 años, tres son de uso residencial, siete desarrollan actividad industrial y 18 están en tela de juicio porque o bien superarían el tope de 75 años o bien albergan actividades incompatibles con la Ley de Costas.

El Reglamento de Costas de 2014 ofrecía a las industrias la posibilidad de acceder a una prórroga como la que obtuvo Ence, con una duración de 50 años ampliable por otros diez en el supuesto de ir acompañada de proyectos de carácter ambiental. En cambio, el texto que está ahora mismo sobre la mesa no impone plazos, sino que condiciona la duración de los permisos según el impacto paisajístico, la adecuación al medio, el grado de interés que represente la instalación para el dominio público marítimo-terrestre, su ubicación o las inversiones previstas.

Asimismo, a la hora de determinar la concesión y sus prórrogas, propone valorar la financiación de proyectos contra la erosión y los efectos del cambio climático, la adopción de medidas de eficiencia energética, el ahorro en el consumo del agua, la calidad ambiental y la ejecución de actuaciones en el borde marítimo que faciliten "su utilización pública gratuita". Las empresas que pasen este filtro incluso podrán sortear el máximo de los 75 años solicitando una nueva concesión.

EN LITIGIO. La modificación del Reglamento General de Costas surgió a raíz de un primer informe de la Abogacía del Estado que encargó el Gobierno socialista al poco de llegar a Moncloa para resolver el entuerto de la caducidad de las concesiones (que habían sido otorgadas al amparo de la Ley de 1988 por un plazo máximo de 30 años). La Abogacía, que en 2015 había dado luz verde a la prórroga de Ence, concluyó que debería reformarse el articulado para ser más concisos con los tiempos. Así, surgió un nuevo articulado que dice: "Las concesiones que, junto a las ampliaciones, superen este intervalo temporal serán modificadas y se entenderá que han sido otorgadas por el plazo máximo de 75 años", por eso algunos agentes del sector interpretan que la caducidad de la concesión de Ence podría adelantarse del 2073 al 2033.

En todo caso, a quién le toca pronunciarse ahora es a la Audiencia Nacional, el órgano encargado de dirimir si la prórroga de Ence denunciada por el Concello, Greenpeace y APDR es legal.

A nivel Galicia. De las 394 prórrogas posibles, solo se han concedido 33

En Galicia hay 1.700 concesiones afectadas por el efecto 2018, año en el que finalizaron las concesiones por 30 años que se concedieron al amparo de la Ley de Costas de 1988. Según precisa la diputada parlamentaria del PSOE Patricia Vilán, del total de titulares solo 900 tenían la posibilidad de solicitar la prórroga y dentro de estos, solo 394 podían demandar una prórroga extraordinaria (de las que el 46% están situadas en la provincia de Pontevedra, la más afectada).

De este último total de Galicia, 135 no la demandaron, 174 todavía pueden hacerlo y 85 ya la han solicitado, con el resultado provisional de 33 solicitudes aceptadas.

Usos permitidos. "Las conserveras y bateas se rigen por la Ley de Pesca, no por la de Costas"

La patronal y la Xunta de Galicia han criticado los cambios propuestos en el Reglamento de Costas y han advertido de que éstos podrían implicar el final para cerca de cien empresas ligadas al mar. En cambio, al igual que ha hecho el Ministerio de Transición Ecológica, la diputada socialista Patricia Vilán insiste en que "las conserveras, las bateas" y otro tipo de instalaciones relacionadas directamente con el mar "se rigen por la Ley de Pesca, por lo que no les afecta el Reglamento de Costas". En este caso, la actividad está protegida y el tope de los 75 años se puede salvar con el beneplácito de la Administración.

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