Los comuneros temen que el deslinde divida el Ibi de algunas fincas privadas entre Pontevedra y Poio

El deslinde entre los municipios de Pontevedra y Poio podría causar problemas de índole administrativo y económico a los propietarios de las fincas particulares situadas en el valle de Campañó (el límite entre ambos territorios) en caso de ser atravesadas por la divisoria marcada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

 La Comunidade de Montes de Campañó ha dado la voz de alarma a través de las alegaciones que remitió al Concello capitalino, en las que insta al citado órgano estatal a evitar que la línea divisoria pueda partir en dos los terrenos privados situados entre los núcleos de Cabaleiro y Fragamoreira. Advierte de que si no se tiene en cuenta esta cuestión el deslinde podría acarrear un quebradero de cabeza a los propietarios de los terrenos, que se verían obligados a repartir el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (Ibi, popularmente conocido como 'la contribución') de una misma finca entre los concellos de Pontevedra y de Poio.

En la asamblea que celebraron los comuneros de Campañó el pasado 16 de diciembre habían acordado dejar sobre la mesa la posibilidad de recurrir el deslinde y esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y si Pontevedra y Poio llegan a un acuerdo que evite llevar el conflicto hasta los juzgados.

SIN SORPRESAS. El colectivo parroquial de Campañó asegura que no le ha sorprendido el resultado del estudio del IGN porque, dice, la línea marcada sobre el mapa discurre "por donde estaba previsto" y que"casi coincide en su totalidad" con el informe que los comuneros entregaron en su día al Concello de Pontevedra, después de que Poio hubiera manifestado su desacuerdo con los antiguos lindes.

Y es que Campañó avala la práctica totalidad del deslinde realizado en O Castrove, el mismo que hasta ahora defendía Poio. El cambio de posicionamiento de la localidad poiense se debe a que las fronteras pintadas por el organismo estatal dejan en suelo pontevedrés las tres antenas de telefonía que explota la Comunidade de Montes de San Xoán de Poio, que no quiere ni oír hablar de la posibilidad de que sus vecinos les arrebaten la titularidad de unas instalaciones que les reportan ingresos fijos cada año.

Campañó no adoptará una decisión sobre si presenta una reclamación hasta que la Xunta no resuelva la cuestión de los límites. En todo caso, los comuneros celebrarían una nueva asamblea en la que tomarían una decisión sobre los pasos a dar.

La entidad parroquial asegura que no sabe ni tampoco tiene el menor interés en conocer los beneficios económicos que generan las tres antenas de telefonía de O Castrove. Puntualiza que aunque las antenas quedaran situadas en Pontevedra sería la asamblea vecinal la que tendría la última palabra sobre si las solicita o no.