La Comunidade de Montes de A Canicouva piensa ya en qué va a utilizar el dinero del alquiler de los terrenos en los que se prevé construir la planta de compostaje de Pontevedra. La entidad parroquial quiere destinar una parte del canon que cobrará por la cesión de su parcela, de diez hectáreas, a obras sociales. En principio, nuevos equipamientos y servicios que beneficien a los vecinos de la zona.
El portavoz del colectivo, José Carlos Portela, reconoce que las restricciones legales, que obligan a reinvertir un porcentaje de los beneficios de cualquier rendimiento en el monte, podrían poner trabas a algunos proyectos. Aún así, el directivo avanza que A Canicouva hará un uso responsable y comunitario del dinero que el Concello capitalino le pague por el uso de los terrenos situados en A Rega do Loureiro. "A Canicouva ten moito tema social ó que atender. Todo o que se faga pasará por asemblea e será o pobo quen decida. Aínda así, é moi cedo para dicir que é o que se vai a facer ou non", comenta Portela, que recuerda que la Comunidade de Montes todavía no ha firmado el contrato para formalizar el alquiler de la parcela que el Gobierno local utilizará para construir el centro de reciclaje de basura orgánica.
El convenio cuenta con todos los informes técnicos favorables. Entre ellos, los que establecen cuánto dinero se abonará a los comuneros: un canon anual fijo de 2.000 euros por hectárea, lo que se traducirá en el pago de 20.000 euros por la ocupación de 100.000 metros cuadrados de monte, y una renta variable de cuarenta céntimos de euro por cada tonelada de residuos que se trate en la futura planta de compost. El arrendamiento de la parcela será por 30 años.
EL HORIZONTE. La capacidad del complejo es todavía una incógnita, pero las previsiones hablan de que la infraestructura procesará unas 15.000 toneladas de basura al año. Además, se estudia la posibilidad de que municipios del área de influencia de Pontevedra se incorporen al proyecto.
El único informe técnico que ha trascendido hasta la fecha sobre la planta de A Canicouva, elaborado por un ingeniero vinculado a la empresa Lagares Oca, reveló que la instalación se blindará contra las posibles filtraciones y aseguró que su construcción no afectará a ningún acuífero. Además, el documento cifró el valor de los terrenos en cuestión en 746.000 euros y expuso que el alquiler de las diez hectáreas de monte comunal debería costar 37.300 euros, menos de lo que el Concello pagará finalmente.
El Concello confía en que la puesta en marcha de la planta de compost se haga efectiva en 2017 para poder incluir su gestión en el nuevo contrato de recogida de basuras del municipio, que actualmente realiza Ferrovial Servicios (la antigua Cespa) y cuya vigencia finalizará ese mismo año.
El Gobierno pontevedrés se ha asegurado de que el complejo no tenga problemas de abastecimiento en el futuro al pactar con Sogama el desvío de parte de los residuos que ahora envía a la incineradora de Cerceda.
