LA OPERACIÓN Terrón Dulce sirvió para volver a poner sobre la mesa la gran presencia de los grupos criminales extranjeros en la provincia de Pontevedra. La caída de parte de una organización de narcos colombianos, los Boyacos, con gran peso en Sudamérica, unida al hallazgo de unos 2.500 kilos de cocaína en las Rías Baixas, puso de manifiesto que la lacra del narcotráfico sigue muy presente en Galicia. Una de las personas que mejor conocen la idiosincrasia de estos delincuentes es Juan Carlos Carballal, coordinador del citado operativo y que cuenta con gran experiencia en la lucha contra los principales clanes arousanos. El juez declaró a este periódico que, pese al paso del tiempo, "no hay grandes cambios" en lo que al lucrativo negocio se refiere, aunque advierte un paso adelante por parte de los criminales a través de "la mayor tecnificación de los miembros de las organizaciones, la mayor profesionalidad de las mismas y la presencia más destacada de las organizaciones criminales extranjeras frente a las actuaciones clásicas de colaboración con estructuras nacionales".
Carballal, que en la actualidad está al frente del Juzgado de Instrucción 4 de Vigo (pasó, entre otros destinos, por Cambados y Pontevedra), difiere de la opinión del exfiscal Antidroga Luis Uriarte, con quien trabajó codo con codo durante años, en lo que se refiere al supuesto efecto llamada a las mafias extranjeras merced a los beneficios del sistema penal español. Así, y tras analizar las penas que se imponen por los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes en los países europeos, el juez asegura que "se puede constatar, en cuanto a las penas privativas de libertad, que existe una alta dispersión, ya que éstas van desde uno hasta 20 años, dependiendo de la conducta sancionada. Pero en el caso español estamos en el nivel medio-alto, por lo que no creo que la levedad de las penas sea un elemento determinante para una mayor actividad delictiva".
Carballal explica que la Unión Europea estableció una decisión marco en el año 2004 sobre las disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y sus penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas.
INCUMPLIMIENTO. El citado texto legal de nivel europeo establece en su artículo cuarto que "cada uno de los Estados miembros adoptará las medidas necesarias para garantizar que los delitos contemplados en el apartado anterior (que el delito esté relacionado con grandes cantidades de droga o que afecte a las salud de un importante número de personas) se castiguen con penas máximas de al menos diez años de privación de libertad cuando el delito se haya cometido dentro de una organización delictiva". Esta claúsula se incumple de forma habitual en España, donde los miembros de grupos criminales condenados por introducir ingentes cantidades de estupefacientes saldan sus cuentas con la Justicia con penas inferiores a las citadas en la mayoría de los casos. Las dilaciones indebidas, que a menudo deben ser tenidas en cuenta como atenuantes, y la reforma del Código Penal español de 2010, que rebajó las penas por narcotráfico, pueden tener que ver en ello.
El actual juez estrella contra el narcotráfico en Galicia pide que se potencie la investigación policial y judicial para obtener éxitos
"Se rebajó el máximo hasta los seis años, con el objetivo de reforzar el principio de proporcionalidad de la pena", relata el juez, que puntualiza que también se redujo el mínimo que se puede imponer al líder de un gran grupo de narcos, que se quedó en nueve años.
Sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, según la Policía, dificulta en gran medida las labores de investigación, Carballal sostiene que antes "no se acertaba a comprender cuál era la razón de que las intervenciones telefónicas y telemáticas no tuviesen una cobertura legal adecuada a la restricción del derecho fundamental que significan. Y esa renuencia del legislador propiciaba dudas y confusión, no solo del ciudadano y de la sociedad en general, sino de los propios operadores jurídicos en los procesos judiciales, y en los tribunales. La nueva regulación viene a dar base legal a lo que antes eran meras interpretaciones jurisprudenciales y da mayor seguridad jurídica para todos".
Como recetas para combatir el narcotráfico en Galicia, Carballal apuesta por la "potenciación de la investigación policial y judicial, además de la especialización", y valora como "determinante" la colaboración internacional.
