Se enfrenta a siete años de cárcel por pasar droga a su marido en A Lama

Una y otro se encontraban internos en la prisión cumpliendo condena cuando les fue concedida una comunicación intermodal

El penal provincial de A Lama. GONZALO GARCÍA
photo_camera El penal provincial de A Lama. AMA

La presencia de sustancias estupefacientes en el interior de las cárceles españolas es una tónica habitual. Un gran porcentaje de la población reclusa de todas ellas tiene adicción a algún tipo de droga, y su mercadeo por los canales ilícitos es una constante. Y la prisión provincial de A Lama no es una excepción, tal y como se acredita con las constantes intervenciones efectuadas en el penal por parte de los funcionarios o de los cuerpos de seguridad implicados en ello.

El último caso conocido, que se produjo el 23 de julio de 2018, tuvo como presuntos implicados a M.C.G.A y a su marido, J.G.R. Una y otro se encontraban internos en el centro penitenciario de A Lama cumpliendo condena cuando les fue concedida una comunicación intermodal.

"Sobre las 15.30 horas de ese día, la acusada ocultó entre su ropa interior y con la intención de entregárselos a su esposo diez fragmentos en forma de bellota de una sustancia que resultó ser resina de cannabis", explica el fiscal en su escrito de acusación. Esta droga tendría un peso algo superior a los 100 gramos y un valor cercano a los 600 euros.

Paralelamente, y en el mismo lugar, la investigada guardaba con el mismo fin dos bolsas que contenían tres gramos y medio de cocaína con una pureza superior al 90 por ciento (o lo que es lo mismo, tal y como viene desde Sudamérica), valorados en unos 450 euros.

Todas las sustancias le fueron intervenidas antes de que se produjese la mencionada cita entre la pareja en el interior de la prisión provincial.

Por ello, y dado que ambas drogas están incluidas en el Convenio Único de Estupefacientes vigente desde 1961, el Ministerio Público considera a M.C.G.A autora de un delito contra la salud pública que, además, está agravado por el Código Penal por el hecho de ejecutarse en el interior de una prisión.

Por ello, la pena a la que se deberá enfrentar la encausada se eleva hasta los siete años de cárcel, además de una multa de 4.000 euros y el comiso definitivo de las sustancias.

La vista oral, en la que lo más probable será un acuerdo entre el fiscal y la procesada por la vía de la conformidad, tendrá lugar el jueves en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Comentarios