La convulsión que han provocado los crímenes de Diana Quer y, más recientemente, del niño Gabriel han sensibilizado especialmente a la sociedad contra esta forma de barbarie humana. Una crispación que, tras la indignación inicial, también reclama severos castigos para los responsables.
Y tanto las víctimas como las autoridades policiales y judiciales parecen haberse concienciado de esa creciente demanda, a tenor del balance anual realizado por el Consejo General del Poder Judicial, en el que se constata un notable incremento de los casos que llegan a los juzgados.
Durante 2017 los magistrados atendieron un total de 2.508 delitos, un 16,4% más que en el ejercicio anterior. Este aumento es idéntico a la media nacional y tres puntos por encima de la gallega, que se quedó en el 13,3%. Unas cifras que, lejos de atenuar la preocupación general, la alimentan todavía más, por cuanto suponen que cada día del pasado año computasen en la provincia casi siete casos de violencia machista (concretamente 6,8).
Más del 80% de los delitos denunciados en Pontevedra se refieren a las lesiones y los malos tratos, que se desglosan en tres variantes: los psicológicos y de carácter leve, los que conllevan un trato degradante y los más violentos, es decir, cuando se han usado armas o cualquier otro método que hubiera puesto en peligro la vida de la víctima. En conjunto, aumentaron un 14% con respecto a 2016, pero llama la atención que los más graves se incrementaron en un 193% (de 66 casos se pasó a 194), lo que, sin duda, es merecedor de un profundo análisis.
Aunque la mayoría de las denuncias siguen siendo contra antiguas parejas, el número de enjuiciados descendió un 14%
Otro apartado que experimenta una espectacular subida interanual es el quebrantamiento de las medidas protectoras de las víctimas (principalmente órdenes de alejamiento), que crecieron un 104%, de 89 en 2016 a 182 en el pasado ejercicio.
INTEGRIDAD MORAL. Por contra, los dos únicos tipos delictivos que descienden con respecto a 2016 son contra la integridad moral (un 70%) y contra el honor (un 27%). El resto, tales como homicidios, lesiones al feto, abortos, contra la libertad sexual, contra la intimidad o contra los derechos y deberes familiares, se mantienen en los niveles del año anterior.
El partido judicial de Pontevedra (integrado por la capital y los concellos de A Lama, Cotobade, Poio y Ponte Caldelas) no difiere mucho en la estadística, si bien el crecimiento es sensiblemente menor que en el resto de Galicia y de España, quedándose en el 11,3%.
No obstante, resulta llamativo el incremento de los delitos contra la libertad, que si bien en el conjunto gallego y de la provincia no sufren grandes variaciones, en el partido judicial pontevedrés se disparan hasta más del 35%, pasándose de los 37 casos denunciados en 2016 a los 50 del pasado año.
Otro de los apartados que analiza la estadística del Poder Judicial es la relación que las víctimas tenían con las personas denunciadas en el momento de cometerse el delito.
Las que más predominan son los exnovios. Sin embargo, curiosamente, en este apartado es en el único en el que desciende la estadística de enjuiciados, al pasar de los 221 en 2016 a los 189 en 2017. En los otros tres supuestos posibles –cónyuges, excónyuges y novios– la diferencia es al alza: un 16,8% en el primero (de 95 a 111), un llamativo 76% en el segundo (de 56 a 99) y un 31% en el tercero (de 129 a 170). En total, el pasado año fueron denunciadas 569 presuntos maltratadores.
Carrera apunta que "tenemos que continuar avanzando en la protección de las víctimas y de los hijos menores, haciendo realidad los derechos que les otorgan las leyes de prevención y tratamiento integral contra la violencia de género y el Estatuto de la Víctima del Delito, con más recursos sociales, policiales y judiciales y con más formación de los profesionales que intervienen en la lucha contra la violencia de género".
LA EDUCACIÓN, VITAL. Pero, sobre todo, incide en la necesidad de "redoblar los esfuerzos en la educación, fundamentalmente en las etapas más tempranas de la vida. Todos los niños y niñas deben educarse en los principios de la igualdad y el respeto".
Concluye su análisis garantizando que la Fiscalía no bajará la guardia "tanto en la persecución del delito y del delincuente, con una rigurosa respuesta penal y de prevención de las conductas violentas, como en la protección de los derechos de las víctimas. Este seguirá siendo uno de los objetivos prioritarios".
