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CC OO acusa a la Xunta de trasladar al Príncipe Felipe "jóvenes peligrosos"

Entrada principal a las instalaciones de Príncipe Felipe
Entrada principal a las instalaciones de Príncipe Felipe
Denuncia que un educador sufrió una rotura de costillas y que a otro le rompieron el brazo

El secretario comarcal de CC OO en Pontevedra, José Ramón Piñeiro, ha denunciado este martes que la Xunta está trasladando a "jóvenes peligrosos" a la Ciudad Infantil Príncipe Felipe, lo que ha derivado en agresiones tanto entre los propios menores como a los funcionarios de la institución dependiente de la Diputación.

En rueda de prensa, el sindicalista ha explicado que estos adolescentes conflictivos o "con trastornos psicológicos o psiquiátricos" tendrían que estar en una unidad especial, y no conviviendo con menores que padecen diversas problemáticas familiares.

Sin querer facilitar datos concretos, José Ramón Piñeiro ha asegurado que esta circunstancia ya ha derivado en agresiones físicas, al tiempo que ha apuntado que estos adolescentes conflictivos también han causado destrozos en las instalaciones.

De hecho, ha referido que algunos educadores ya presentaron denuncias tras padecer agresiones de esos menores. En concreto, ha hablado de un profesional que sufrió una rotura de costillas, de otro a quien le partieron el brazo y de una embarazada que solicitó la baja ante la situación de tensión que se vive en el centro.

Este portavoz sindical ha criticado que la Xunta no atienda los informes técnicos de la institución provincial que desaconsejan la presencia de estos menores, pues, en numerosas ocasiones, están bajo control judicial o han sido expulsados de otros centros especializados.

En este sentido, ha profundizado en que algunos son jóvenes con problemas de consumo de sustancias estupefacientes, implicados en agresiones sexuales o en otros delitos de similar magnitud.

La Ciudad Infantil Príncipe Felipe cuenta con 196 plazas y, de ellas, la mitad está a disposición de la Xunta a través de un convenio por el que la Consellería de Política Social aporta 130.000 euros de un presupuesto total que asciende a 10 millones de euros.

No es la primera vez que Comisiones Obreras denuncia este tipo de problemas, que ahora pondrá en conocimiento de la valedora do Pobo, Milagros Otero. Además tiene previsto trasladar estas incidencias a la Fiscalía de Menores.

En paralelo, ha reclamado a la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, que mantenga una reunión con el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, para poner fin a esta problemática.

A su juicio, la solución pasa porque la Xunta considere vinculante el informe técnico sobre la admisión o no de determinados menores con un perfil conflictivo y que se cree una unidad para albergar a este tipo de niños. Mientras tanto, además, que se forme al personal educativo del centro Príncipe Felipe para hacer frente a estas situaciones.

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