La comarca de Pontevedra cuenta en la actualidad con 5.070 personas dependientes, una cifra que aumentó en un 13% con respecto al dato registrado a finales del año 2019. De este total, tan solo un 25%, es decir, 1.300 personas, reciben a día de hoy las ayudas económicas por parte de la Xunta de Galicia. A nivel autonómico, son 69.000 los gallegos que son atendidos por esta administración.
En cuanto a los cuidadores, en el conjunto de la provincia de Pontevedra son 6.000 las personas que se dedican a cuidar a personas dependientes, mientras que en Galicia esta cifra asciende a 16.200.
Por otro lado, la comarca cuenta en la actualidad con 1.625 plazas para dependientes, un dato que se reparte entre las 1.080 disponibles en residencias, 480 en centros de día de mayores, 45 en centros de día de Alzheimer y 20 en las casas do maior, los espacios concebidos por la Xunta como una alternativa a los centros de día para la atención de las personas mayores.
El principal objetivo de la administración autonómica es seguir mejorando los servicios sociales de la comunidad para dar cobertura a un mayor número de personas. En este sentido, la Consellería de Política Social está ampliando el número de plazas públicas disponibles. De hecho, desde el año 2009, Galicia duplicó ya la oferta de puestos sostenidos con fondos públicos en residencias de mayores. Un dato que pasó de 5.500 a más de 13.000. De ellas, 8.000 pertenecen a residencias públicas y concertadas y las 5.000 restantes corresponden a los bonos de ayudas que se conceden a las familias para pagar una plaza en un centro a su elección.
PLAZAS EN PONTEVEDRA. En el Concello de Pontevedra está previsto duplicar las plazas disponibles para personas dependientes en los próximos meses.
Actualmente, la ciudad del Lérez cuenta con 333 puestos: 136 de carácter público en Campolongo y otras 197 de iniciativa privada. A ellas se sumarán próximamente otras 388 plazas: 120 públicas y 268 de pago.
La residencia más avanzada en estos momentos es de titularidad privada. Se trata de Domusvi, la promotora que ocupa la parcela del antiguo cuartel de la Guardia Civil (en la calle Loureiro Crespo) y que ofrecerá 118 plazas.El centro contará con un amplio abanico de servicios, desde manutención, terapia ocupacional y fisioterapia, pasando por animación sociocultural y servicio médico, y terminando con una cafetería e, incluso, una peluquería.
Siguiendo con las plazas privadas, las 150 restantes que está previsto crear en el municipio corresponden a la licencia que el Concello de Pontevedra concedió, el pasado mes de agosto, a la empresa Atirual Inmobiliaria S.L. para un nuevo equipamiento en el barrio de A Parda, más concretamente, en la calle Maruxa Mallo.
En este caso, el centro residencial privado dispondrá de 150 plazas, divididas en 32 habitaciones individuales y 18 dobles. La parcela cuenta con 1.373 metros cuadrados y el edificio contará con 9.879 metros cuadrados. Es decir, será un geriátrico de bajo más cinco plantas y bajo-cubierta. Además, en el proyecto se incluía la dotación de 27 plazas de aparcamiento y dos plazas para motos. El presupuesto total para la construcción de esta residencia es de 6.210.000 euros.
Por último, Pontevedra contará con un nuevo centro de titularidad pública. Se trata de la residencia de la Xunta prevé contruir en colaboración con la Fundación Amancio Ortega y que estará situado en el solar cedido por el Concello en A Eiriña (al lado de la calle Doce de Novembro).
Este centro residencial dispondrá de 120 plazas repartidas en 42 habitaciones dobles y 36 individuales. Además, estas instalaciones permitirán crear 115 puestos de trabajo.
La inversión prevista para este proyecto es de 12 millones de euros y las obras contarán con un plazo de ejecución de entre 18 y 22 meses. La administración autonómica tiene previsto comenzar con la construcción del edificio este mismo año, por lo que, si todo va bien, podría estar terminado a finales de 2023.
"La ayuda la necesitamos también los cuidadores y creo que nos deberían tener más en cuenta"
Chus Cabalar
Hija de persona dependiente
Chus Cabalar es una pontevedresa que cuida a su madre, Edita Camba, desde hace 11 años, cuando esta tenía 78. Sin embargo, no fue hasta hace cuatro cuando se planteó solicitar la ayuda por dependencia.
"Lo llevo pensando unos cuantos años pero me costaba tomar la decisión de pedir la ayuda porque es un paso en el que etiquetas a la persona con la que estás y es algo complicado", asegura Cabalar.
Tras mucho tiempo razonándolo, en febrero de 2020 Chus se atrevió a dar el paso y presentó la solicitud. "La verdad es que todo fue muy fácil y sencillo", explica, aunque también reconoce que la covid ralentizó todo el proceso. "Aceptaron la ayuda en junio de 2021, más de un año después. Yo creo que fue por la pandemia, que perdí unos seis meses, y además la trabajadora social se saltó una visita y me la tuvo que hacer telefónicamente".
Actualmente, Chus recibe 112 euros por parte de la Xunta, una ayuda muy escasa para la situación que viven madre e hija. En este sentido, la pontevedresa reclama que se ponga también el foco en los cuidadores.
"La ayuda la necesitamos también los cuidadores y creo que nos deberían tener un poco más en cuenta. Yo llevo 10 años pendiente de mi madre los 365 días al año, yo no tengo hermanos y con esta situación te ves un poco privada de libertad. Es verdad que en todo este tiempo, yo sí que he trabajado pero siempre pensando en sus necesidades, en que pudiese cuadrar bien con ella. Yo me veo privada de tener la libertad de hacer lo que me de la gana, siempre tengo que estar pensando en ella", afirma Chus.
"É unha decisión complexa pero eu a residencia necesitábaa, física e psicoloxicamente"
Mariluz Lores
Hija de persona dependiente
La madre de Mariluz Lores, Dolores Buezas, tiene 84 años y hace 11 le diagnosticaron alzhéimer, aunque las evidencias comenzaron hace 14. Cuando murió su padre, Mariluz decidió enviar a su madre a un centro de día pero la pandemia trastocó sus planes.
"Cando chegou a pandemia tiven que ter a miña nai na casa pero cando pasou a primeira ola, planteámonos que quedase en Saraiva. Eu ao principio non quería porque é unha decisión complexa, pero finalmente fixémolo. Eu a residencia necesitábaa, física e psicoloxicamente. Eu preferiría que fose doutra maneira pero non se pode", explica Lores.
La pontevedresa tuvo que esperar unos 9 meses hasta que la Xunta aceptó la solicitud. "Eu fíxeno a través da traballadora social que está na Parda e ao cabo de tres meses despois de solicitala veu unha persoa a casa a valorala e constatou todos os problemas da miña nai. Ao cabo duns meses máis xa me empezaron a dar a axuda".
En cuanto a la cantidad, Mariluz asegura que "para unha persoa completamente dependente como a miña nai, penso que a axuda debería ser máis, porque evidentemente iso non chega e temos que axudar os fillos".
Por otro lado, la hija de Dolores pide que "se axilicen as cousas, porque hai xente á que lle tardan moitísimo máis, é verdade que o meu caso foi máis áxil pero eu creo que foi porque a situación da miña nai era moi patente, era tan obvio que clamaba ao ceo", añade.
Además, el proceso no termina con la aprobación de la ayuda, tal y como explica Mariluz, "cada catro meses teño que presentar os papeis coas facturas da residencia e cada pouco tempo teño que renovar todos os papeis e documentos e enviarllos á Xunta de Galicia".
