La sanidad pública es una de las áreas en las que resulta más evidente la carencia de personal. Jubilaciones de médicos que no se cubren, bajas y vacaciones para las que no hay repuesto, escasez de especialistas como pediatras... No obstante, el problema no es exclusivo del ramo sanitario, sino que se da en la mayor parte de las administraciones, aunque no sea de forma tan sangrante. Y no es porque no haya aspirantes deseando conseguir un puesto en el sector público, sino porque el Estado y la Xunta (por citar a los principales proveedores de trabajo público) no convocan todas las plazas que harían falta para equilibrar la balanza entre los que salen y los que entran.
Solo en la ciudad de Pontevedra hay contabilizados ahora 1.400 trabajadores públicos menos que hace un año. Así lo revela la última Encuesta de Población Activa, según la cual, en el primer trimestre de 2021 había 9.500 asalariados de las Administraciones y en los mismos meses de este año, 8.100, es decir, casi un 15% menos.
Más llamativo todavía resulta el caso de Santiago de Compostela, la capital gallega del funcionariado, que en el último año perdió 5.100 empleados públicos (un 30,7%); y también Vigo tiene ahora 3.200 menos (un 15%). Asimismo, en Lugo la bajada fue del 10,4%, al perder 1.400; y en Ourense del 8%, lo que en su caso supone la desaparición de un millar de trabajadores. Entre las siete grandes ciudades gallegas, tan solo A Coruña y Ferrol cuentan actualmente con más asalariados al servicio de la Administración (2.400 y 700 más, respectivamente, lo que supone subidas del 13% y del 12%).
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido ya de que se ha empezado a destruir el empleo público creado durante la pandemia, concretamente 7.300 puestos en el primer trimestre del año en el conjunto de España, fundamentalmente en la sanidad y servicios sociales, en la Seguridad Social (3.600) y en empresas públicas.
JUBILACIONES MASIVAS
Al respecto de la necesidad del relevo generacional, un ejemplo claro es el de los médicos. De los 4.827 que están colegiados en la provincia pontevedresa, el 48% (2.296) tienen más de 56 años y un número importante están o deberían estar a un paso de colgar la bata: 820 tienen entre 61 y 65 años y 1.022 (el 21%) superan los 66.
Y el ejemplo va mucho más allá. Según CEAC, uno de los centros líderes de formación para el empleo, "los datos estadísticos muestran que más del 50% de los empleados públicos en España, algo más de un millón de funcionarios, cumplirán la edad de jubilación entre este año y el 2030", lo que da una media de más de 120.000 jubilaciones cada año.
Pero la situación no es nueva. Es más, a raíz de jubilaciones y otras vacantes no cubiertas, hace una década había en la capital del Lérez 1.500 empleados públicos más que ahora.
UNO DE CADA CUATRO
Aún así, la Administración sigue siendo uno de los mayores nichos laborales en Pontevedra, pues la cuarta parte de la población ocupada mayor de 16 años en la ciudad corresponde a asalariados del sector público. Basta con comparar la cifra de funcionarios con la de autónomos o empresarios, ya que los primeros suman 8.100 personas, frente a las 4.700 que tienen una empresa o trabajan por cuenta propia. Y eso contando solo a los vecinos empadronados en Pontevedra que trabajan en la Administración tanto en esta ciudad como en otras. Si el cálculo se realiza sobre los funcionarios que desarrollan su labor en la Boa Vila vivan o no aquí, la cifra es todavía mayor. De hecho, en este caso supera las 12.400 personas.
Concretamente, el Sergas emplea a más de 3.000 ciudadanos en el distrito sanitario (3.059 en el pontevedrés y 565 en O Salnés), la Brilat supera las 2.000 contrataciones, la Comandancia de la Guardia Civil y la Comisaría de la Policía Nacional cuentan con 1.600 y 215 plazas, respectivamente; en el ámbito educativo trabajan 1.350 individuos en los distintos centros de enseñanza de Pontevedra, a mayores de los 421 que lo hacen en el Campus; la Deputación tiene en plantilla a 620 funcionarios y 459 trabajadores laborales; la Xunta emplea en la Boa Vila a algo más de 1.000 personas (de las que 846 tienen plaza consolidada); el Concello capitalino dispone de un plantel de 525; la Subdelegación del Gobierno cuenta con 665 trabajadores públicos en Pontevedra, el área judicial suma cerca de 400 que principalmente actúan en los Juzgados de A Parda y la Audiencia Provincial, y Correos da trabajo a cerca de 150 trabajadores con plaza fija y una media de 20 empleados temporales al mes.
Cuestión aparte es la eventualidad. Según denuncia CSIF, la temporalidad en la Administración se sitúa en el 32,4 %, 12 puntos por encima del conjunto del mercado laboral.
