Las claves de un conflicto que lleva 15 años estancado

Xesús Palmou pactó en octubre de 2003 con los alcaldes de las grandes urbes un ambicioso plan del que solo Pontevedra continúa fuera

Imagen de la línea que va a Monte Porreiro y que sale de la estación de autobuses de Pontevedra. GONZALO GARCÍA
photo_camera Imagen de la línea que va a Monte Porreiro y que sale de la estación de autobuses de Pontevedra. GONZALO GARCÍA

Tiempo. Bendito tesoro inmaterial y nunca suficientemente ponderado. Ahí radica, precisamente, la principal clave de la nueva desavenencia entre Xunta y Concello para poner en marcha el transporte urbano en la ciudad, una demanda que se remonta a 2003. En octubre de ese año, el entonces conselleiro de Xustiza e Interior, Xesús Palmou, se reunió con los alcaldes de las siete grandes ciudades para activar un gran plan de transporte metropolitano en sus áreas. Todos aplaudieron entonces la iniciativa pero, a día de hoy, Pontevedra es la única urbe de aquel grupo que continúa sin ofrecer el servicio.

El Gobierno autonómico tiene prisa por cerrar el tema cuanto antes, al menos el transporte urbano, y acaba de dar un ultimátum de 14 días al Gobierno local para que exprese su "intención inequívoca" de iniciarlo. Este, en cambio, prefiere esperar a que expiren las actuales concesiones para adaptar las nuevas líneas a las características de Pontevedra y que no perjudiquen el modelo urbano que tantos años ha costado poner en marcha.

Lo que hay ahora mismo
En la actualidad existen cuatro líneas que funcionan en el término municipal: del CEIP A Carballeira (Lourizán) al núcleo de A Ruibal (Salcedo), que da servicio a O Castelo (Lérez), Pintos (Marcón), Os Fontáns (Santa María de Xeve) y Montecelo; la de Monte Porreiro; la que pasa por la ITV de Ponte Bora y la que lo hace por Figueirido, O Casal y Birrete (Salcedo). La concesión de la primera expira el 7 de agosto de 2019, y la de las demás, el 2 de diciembre.

Lo que se quiere hacer
El pasado mes de mayo, el alcalde remitió a la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, una carta proponiéndole implantar un transporte urbano municipal con nuevas líneas, instaurar el servicio de transporte a demanda, integrar el servicio de autobús y taxi y crear un plan más amplio de transporte metropolitano.

La Xunta solo considera prioritario el transporte urbano, de ahí el ultimátum de los 14 días, para dejarlo zanjado y resuelto antes de que finalice el año. Pero también es perentorio el transporte metropolitano, porque Pontevedra es la piedra angular sobre la que girará la estrategia en toda la comarca y su aportación es indispensalbe para ponerlo en marcha.

Cómo se paga el servicio
Con la ley en la mano, el Concello está obligado a ofrecer transporte urbano a sus vecinos, al tratarse de una ciudad de más de 50.000 habitantes. Ante las reticencias del Gobierno local a implantarlo, la Xunta contrató varias líneas, que reciben una aportación municipal de 71.000 euros anuales.

Sin embargo, el Ejecutivo autonómico quiere que, a partir de las concesiones que se adjudicarán el próximo año, su financiación corra a cargo de las arcas municipales, algo que no acaba de convencer en Michelena, 30. En cualquier caso, la cuantía aún no está definida, pues dependerá de las características y recorridos de las nuevas líneas.

A vueltas con los plazos
Antes de implantar el transporte urbano, el Concello plantea crear una Comisión Técnica Bilateral para evaluar las mejores opciones. El calendario que Fernández Lores trasladó a Ethel Vázquez refleja que los estudios previos se prolongarían hasta marzo de 2019 y en septiembre quedaría constituida una Mesa polo Transporte Público de Viaxeiros que ofrecería una propuesta definitiva en noviembre.

La Xunta, en cambio, no quiere seguir demorando el asunto por más tiempo y ha dado a Pontevedra un plazo de 14 días para que actúe en consecuencia. Si no lo hace, Santiago seguirá pagando el servicio (los ciudadanos nunca quedarían desatendidos), pero su coste se restaría directamente del dinero que la capital de las Rías Baixas percibe del Fondo de Cooperación Local.

Transporte metropolitano
Es la otra patata caliente que queda por resolver. En este caso, la mayor discrepancia está en el dinero. La Administración autonómica quiere que Pontevedra aporte 300.000 euros para bonificar los billetes que llevarían a los usuarios por Barro, Bueu, Cerdedo-Cotobade, Campo Lameiro, Marín, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Sanxenxo, Soutomaior y Vilaboa. El Gobierno local, en cambio, pretende que se abarate sensiblemente ese coste retocando los itinerarios.