El Colegio de Enfermería de Pontevedra, que se encuentra intervenido judicialmente después de la detención de su presidente, su mujer y su hija –investigados por presunta administración desleal, blanqueo y falsedad documental vinculados a la gestión del Colegio–, celebrará este jueves asamblea general, en medio de un clima de tensión, con acusaciones de "obstruccionismo" por parte de algunos colegiados y peticiones de dimisión de la junta directiva.
La Asociación Enfermeras de Pontevedra, personada en la causa contra el que fue presidente del Colegio durante más de tres décadas, Carlos Fernández –que salió de prisión provisional junto a su mujer y su hija el pasado mes de julio–, ha celebrado que se convoque una asamblea general, aunque ha criticado que no se contemple, en los puntos del orden del día, ninguna referencia a la situación actual de la institución ni al informe realizado por la administración concursal, en el que se pone de manifiesto el incumplimiento generalizado de los estatutos por parte de las directivas del Colegio presididas por Fernández y las irregularidades contables.
Según esta asociación, la junta directiva del Colegio –a excepción del secretario y el responsable de comunicación, que denunciaron ante la Justicia las irregularidades– no ha permitido que el informe del administrador concursal fuera puesto a disposición de los colegiados, tratan de "desviar la atención" de esos hechos, y de aparentar "normalidad", a la espera de que cese la intervención judicial.
Además, han incidido, a pesar de la detención del presidente, de la investigación judicial en curso y de que la propia tesorera de la junta está siendo también investigada, los miembros de la directiva, que salieron de las elecciones de 2018, no han dimitido. Y todo ello, tras una sentencia judicial que obliga a repetir esos comicios por irregularidades y que ha sido recurrida por dicha junta directiva.
Finalmente, también han denunciado que la asamblea convocada para este jueves "está siendo manipulada" por los miembros de la junta, al exigir a los asamblearios sus preguntas, "cuando aún desconocen el contenido de los puntos" y "tratan de minimizar la asistencia, para pasar 'de puntillas' por este trámite".
LLAMAMIENTO A LA PARTICIPACIÓN. Por su parte, el secretario del Colegio –una de las personas que denunció las irregularidades en el organismo–, Faustino Portela, ha instado a los colegiados a que acudan a la asamblea de forma "masiva" para "promover el cese" de la actual junta directiva y exigir la convocatoria de elecciones de inmediato.
Portela permanece en su cargo de secretario, según ha señalado, a la espera de que la actual directiva decida o se le fuerce a irse, aunque ha afirmado que no se le permite realizar sus funciones.
"Éticamente, lo suyo habría sido dimitir en bloque el mismo día de las detenciones del presidente y su familia (en marzo de este año), pero lejos de eso, intentan sostener la misma estructura a la espera de que el juez libere de sus funciones a los administradores", ha denunciado.
