Si el Ministerio de Transición Ecológica no cambia en cuestión de días el artículo 18.4 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para garantizar que no afectará a la continuidad de Ence, la pastera procederá al "cierre inminente" de la fábrica en Pontevedra.
Así de rotundo fue el órdago lanzado este viernes por el presidente de la firma, Ignacio de Colmenares, en un mensaje de video trasladado a la plantilla a primera hora la mañana. El también consejero delegado confirmaba así la amenaza que un día antes había trasladado su oficina de prensa, al señalar oficialmente que la empresa baraja ya posibles ubicaciones tanto en Brasil como en Portugal, "pero no en Galicia".
Colmenares anunció que se trataría de un "cierre ordenado" pero inmediato, y precisó que es "una medida de responsabilidad". Según explicó, la obsolescencia de la maquinaria, que sigue pendiente de recibir las inversiones paralizadas desde que en marzo de 2019 el Gobierno se allanó en la defensa del recurso presentado contra la prórroga de la concesión por el Concello y la APDR, podría provocar "un susto mayúsculo en cualquier momento, que además puede afectar a las personas".
El plan estratégico de Ence contemplaba invertir 250 millones hasta 2023, según dijo Colmenares, "para reducir costes, reducir la eficiencia de todos los procesos térmicos y mejorar la sostenibilidad de Pontevedra, que quiere decir mejorar el comportamiento ambiental y la fiabilidad para no tener sustos". Esta inversión se paralizó en 2019 tras el allanamiento ante la Audiencia Nacional en su decisión sobre la prórroga aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en enero de 2016. "Entonces teníamos en marcha 50 millones de nuestro plan de inversiones y los hemos ejecutado porque no somos unos piratas. Nos faltan los 200 millones siguientes", afirmó.
Y a renglón seguido fue tajante con sus empleados al explicarles porqué no seguirán invirtiendo: "Si nos obligan a cerrar en 2033, tenemos una responsabilidad como administradores de la compañía. Si no nos dejan horizonte suficiente para invertir lo que hay que invertir y que estamos dispuestos a invertir, pues nos veremos obligados a cerrar la fábrica de forma ordenada pero rápida":
"El Ministerio quiere cerrar Ence -aseveró- y el PSOE en Galicia también, que no os engañen". Cifró en un plazo de "dos o tres semanas" la aprobación de la ley y, aunque portavoces socialistas y del Gobierno señalaron que su contenido "no tiene carácter retroactivo" y, por tanto, no afectará a Ence, la opinión del máximo responsable de la compañía es sustancialmente distinta.
El artículo 18.4 al que se refiere Colmenares habla de que serán "nulos de pleno derecho" los actos administrativos dictados en contra del sentido de la nueva ley, que limita las concesiones en la costa a un máximo de años que Ence cumpliría en 2033. Esto, a juicio de la empresa, dejaría sin efecto su actual prórroga de 60 años.
El CEO recordó a sus trabajadores que el Consejo de Estado requirió por escrito al Ministerio en su dictamen para que cambiase la redacción y aclarase que sus efectos no tendrán carácter retroactivo sobre las prórrogas en vigor. "He tenido siete reuniones con el secretario de Estado para cambiar esa redacción y no ha querido hacerlo", señaló. "Cuando dice el Gobierno, o el delegado del Gobierno en Galicia, que no va a cerrar Ence, yo digo que este artículo es el final de Ence en Pontevedra. Como este artículo salga así, nos obliga a cerrar (la planta) de forma inminente".
No es la primera vez que Ence se pronuncia en estos términos. En marzo de 2019, durante la junta de accionistas que aprobó las cuentas del mejor ejercicio de la historia de la firma (2018), con un beneficio neto de 129 millones de euros, los directivos de la compañía advirtieron al Ejecutivo de Pedro Sánchez que no defender su prórroga en Pontevedra implicaría una paralización de las inversiones y, posiblemente, la deslocalización hacia otros países "con mano de obra más barata y madera a mejor precio":
Recordó entonces que la planta de Lourizán da empleo directo e indirecto a 5.500 familias de Galicia y avanzó que podrían desviar las inversiones previstas en Pontevedra a su fábica de Navia (Asturias), como así hicieron meses más tarde. El viernes, Colmenares reiteró que siguen dispuestos a invertir en Pontevedra, "pero no con esta inseguridad jurídica".
La próxima junta de accionistas, prevista el 26 de marzo, será clave para saber qué decisión adoptan. La reunión dará cuenta de los 26,4 millones de pérdidas acumulados en 2020 (frente a los 9,2 millones que logró en 2019) por el hundimiento del precio de la celulosa, en mínimos históricos durante casi todo el ejercicio.
¿Qué dice el artículo 18.4 de la Ley de Cambio Climático?
El texto objeto de la polémica es el siguiente:
"Los plazos de duración de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre se computarán en todo caso desde su otorgamiento e incluirán todas sus prórrogas, de ser éstas posibles, sin superar los plazos máximos establecidos en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos dictados en incumplimiento de lo previsto en este artículo".
Lo que pidió el Consejo de Estado para aclarar que no habrá efectos retroactivos:
"... siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos que se dicten en incumplimiento de lo previsto en este artículo".
"Generará una crisis tan o más importante que la de la burbuja inmobiliaria"
Las advertencias del presidente de la empresa, Ignacio de Colmenares y Brunet, empujaron a la sección sindical de CC OO a salir a la palestra para informar a la ciudadanía sobre las "graves consecuencias" que implicaría el cierre de la pastera. Según denunció el secretario de organización, José Luis García Pedrosa, la masa salarial de la empresa "supone una mayor cuantía que los presupuestos del Concello de Pontevedra" y, a diferencia de lo que ocurrió con Elnosa, las posibilidades de recolocar a la plantilla son prácticamente nulas. Por eso augura que el cierre de Ence "va a generar una crisis tan o más importante que las anteriores", en alusión a las que sufrió la comarca con la burbuja inmobiliaria y a la que padece actualmente con la pandemia.
La situación ha llevado a la organización sindical a cambiar el orden de las movilizaciones previstas. Así, el próximo viernes acudirán a Madrid, para concentrarse frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el jueves siguiente (11 de marzo) celebrarán una marcha a pie a Santiago con la idea de concentrarse al día siguiente frente a la sede del PSdeG. En ambas convocatorias el objetivo será "exigir la retirada del artículo", señaló Ana Cedeira, portavoz del comité de oficinas centrales. "Los plazos aprietan".
"CUENTA ATRÁS". El trabajador Rubén Fernández advirtió de que "día arriba, día abajo" el 31 de marzo terminarán las sesiones en la comisión del Congreso en la que se está debatiendo el proyecto de la ley. Y que será entonces cuando la plantilla comprobará si las enmiendas presentadas surten efecto o, si por el contrario, comenzará la "cuenta atrás" para el cierre de Ence. En la votación posterior ya no habrá posibilidad de reformar el artículo de la discordia.
A falta de conocer el articulado definitivo, el portavoz denunció que la hoja de ruta trazada del Gobierno socialista "tiene por objetivo cerrar Ence". Primero mediante el allanamiento de la Abogacía del Estado en el pleito de la prórroga (pendiente de sentencia) y luego mediante una Ley de Cambio Climático que, a juicio de los trabajadores, "no debería tener nada que ver con la duración de las concesiones de dominio público marítimo-terrestre". 
Fernández añadió que, una vez aprobada la Ley de Cambio Climático, el Gobierno creará un grupo de expertos elegidos "a dedo", que será el que decida qué empresas "puedan continuar". Una medida que, a su modo de ver, trata eludir la responsabilidad política de ordenar el posible cierre de Ence y "mandar al paro a 5.000 trabajadores". El sindicato criticó, además, la estrategia del comité de empresa de la fábrica (liderado por la CIG), así como la actitud de compañeros "que delante de esta dramática situación cierran los ojos". "Cuando cierre la empresa los que hoy colaboran con quienes nos quieren cerrar desaparecerán de escena y lo que quedará será la cola del paro", advirtió.
Como parte aludida, el presidente del comité de empresa de la fábrica, Toño Lafuente, insistió este viernes en que tanto el PSOE como los abogados contratados por la plantilla dicen que la ley "no tiene carácter retroactivo". En todo caso, cree que a los trabajadores "nos han puesto precio" y, aunque no aclara importes, sí incide en que, "si el Gobierno cierra" Ence en Lourizán, "la empresa cobraría una indemnización por lucro cesante". De ahí que urgiera la mesa de diálogo que propuso el comité "para ver quién miente".
