"La pandemia ha limitado el contacto social, incrementando el uso de internet, tanto en las relaciones laborales como en las personales, de ocio y tiempo libre. En ese escenario, el incremento de los delitos informáticos ha sido exponencial. A pesar de ello, algunos particulares no denuncian por vergüenza o por la cuantía de la estafa y algunas empresas tampoco lo hacen por temor a ver afectada su reputación", detalla el sindicato.
Los policías señalan al phishing como la causa principal, "un correo malicioso que altera el dominio y engaña al usuario utilizando una imagen y una URL falsa para suplantar la identidad". Explican, además, que el modus operandi más repetido en los últimos meses consiste en que los criminales se hacen pasar por empresas de transportes o entidades bancarias. En las últimas semanas, además, se han denunciado estafas relacionadas con las devolución de los Ertes, la campaña de la renta e incluso secuestros de la App WhatsApp mediante el envío de un mensaje con un código remitido por un contacto conocido que, si se reproduce, captura la aplicación.
"La delincuencia cambia y necesitamos adaptarnos", concluye González, que reclama, además de medios técnicos avanzados y más personal, un "respaldo judicial" que permita a la Policía solicitar datos a entidades bancarias sin un mandamiento directo del magistrado, algo imprescindible para las investigaciones y que hasta ahora solo unos pocos bancos aportan.
Otro apartado que causa problemas a los ciudadanos es la suscripción gratuita a determinados servicios que, una vez transcurrido el período de prueba, se convierte en permanente. En estos casos, además, el cliente suele dar su autorización para ello sin saberlo, por lo que no existe acción punible.
El SUP aprovechó para reclamar, una vez más, la creación de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción) para la ciudad del Lérez, un grupo policial que consideran esencial para hacer frente a escenarios de conflicto que se producen en el área metropolitana.
Curso de formación
El SUP anunció este miércoles la realización de un curso de formación para agentes de la Policía Nacional y del resto de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en prevención de la ciberdelincuencia. La actividad complementará a las que ya oferta el Ministerio del Interior y tendrá 30 horas de duración con la posibilidad de contactar en directo con los responsables de impartirlo.