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La Comisión Europea revisará la legalidad de las prórrogas a Audasa por la AP-9

La ampliación de Rande justificó la última de las moratorias. RAFA FARIÑA
La ampliación de Rande justificó la última de las moratorias.
En-colectivo denunció que los aplazamientos concedidos en los años 1994 y 2000 vulneran la normativa comunitaria porque se debería haber convocado un nuevo concurso público 

La asociación En-Colectivo, la misma que ha promovido una demanda contra Audasa por el cobro de los peajes durante las obras de Rande, dio a conocer este jueves una nueva denuncia contra los intereses de la adjudicataria de la AP-9, pues reclama a la Comisión Europea que invalide las prórrogas concedidas en los años 1994 y 2000, al entender que en ambos casos se vulneró la normativa comunitaria.

Aunque el documento se presentó el pasado mes de julio, la burocracia había impedido hasta ahora darlo como admitido. Según explicó Carlos Cenalmor, del bufete Gándara Moure y asesor del colectivo, "agosto fue inhábil y luego hubo que sumar dos meses de plazo por si la Comisión Europea rechazaba la petición. Al no hacerlo, se da por hecho que continúa su trámite y que se atenderán nuestros argumentos".

Un silencio que, en este caso, es síntoma de buena señal y ha despertado el optimismo entre los promotores de la querella, tal y como reconoció Diego Maraña, presidente de la asociación.

Carlos Cenalmor: "Las prórrogas de la concesión de la AP-9 deberían haber sido objeto de un proceso de licitación que no se llevó a cabo"

En-Colectivo plantea en su denuncia que las dos prórrogas recibidas por la concesión a través de los reales decretos 1809/1994 y 173/2000 infringen la Directiva 93/37/CEE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras. Ambas moratorias autorizan a Audasa explotar la AP-9 hasta el año 2048.

En concreto, señala que las prórrogas aprobadas en esos años equivalen a una nueva concesión y, por ello, deberían haberse convocado las necesarias licitaciones de concurso público. "No hacerlo impide el derecho a la libertad de establecimiento y a su ejercicio, y hace imposible la libre prestación de servicios", alegan.

La denuncia también explica que la segunda de las prórrogas habría vulnerado los principios que se contenían en el Libro Verde de la Contratación Pública en la Unión Europea de 1996, en el que se consideraba que son contrarias al derecho comunitario la modificación sustancial del pliego de condiciones durante el procedimiento y la modificación de las condiciones de financiación, porque se trata de cambios sustanciales que exigen una nueva licitación.

Por otra parte, el documento informa que estas prórrogas a Audasa afectan directamente al comercio de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, al no haber ninguna alternativa a la vía con unas condiciones semejantes, lo que sí ocurre en otros territorios del país.

AMORTIZADA EN 2013. Además, los usuarios están obligados a asumir durante 35 años más de lo aprobado en el procedimiento de licitación, el pago de los peajes, como si se tratase de una autopista en construcción, cuando debería haber sido amortizada al menos en el año 2013.

Con todos estos argumentos sobre la mesa, En-Colectivo espera que la respuesta de la Comisión sea favorable y realice una petición formal al Estado español para que solvente el posible incumplimiento normativo en el que está incurriendo y, de este modo, conseguir la gratuidad de la AP-9.

Diego Maraña: "El juicio por los atascos de Rande durante las obras empezará el 11 de febrero en el Mercantil 1 de Pontevedra"

La asociación basa sus buenas perspectivas no solo en que la Comisión Europea no ha tumbado sus planteamientos, sino en una denuncia similar relativa a una autopista de peaje en Italia, cuya concesión también fue prorrogada sin nueva licitación. En este caso, la Comisión Europea inició un procedimiento por incumplimiento.

"El Estado español puede tramitar una nueva licitación que, en todo caso, sería en unas condiciones muy distintas a las actuales. O bien puede hacer lo que se está haciendo en el resto de España -como en Levante o Burgos-, que es dejar las autopistas libres de peaje, porque lo contrario sería un agravio comparativo hacia Galicia", señaló Carlos Cenalmor.

En caso de que el Estado español no acepte las indicaciones de la Comisión, ésta puede recurrir al Tribunal de Justicia de la UE, que podría decretar la convocatoria de un nuevo proceso administrativo para explotar la AP-9.

JUICIO POR RANDE. Por otra parte, Diego Maraña se refirió también al juicio por los contratiempos generados a los usuarios durante las obras de ampliación del puente de Rande, en el que se solicitará la devolución de los importes de los peajes.

El abogado que les asiste en esta causa, Antonio Heredero (del despacho Balms), anunció que la vista tendrá lugar del 11 al 13 de febrero en el Juzgado Mercantil número 1. Aunque se ha denegado la declaración de 80 testigos propuestos por la asociación, "sí comparecerán todos los guardias civiles que actuaron durante las más de 108 retenciones".

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