Delegados de CIG y UGT del comité de empresa de la fábrica de Ence en Lourizán se han concentrado este martes ante la sede de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra para instar al Gobierno de España a que convoque mesa de diálogo "por la garantía y futuro de nuestros puestos de trabajo", tal y como se leía en la pancarta que han desplegado.
La de este martes ha sido la primera movilización que convoca este comité de empresa en los últimos meses, una medida que contrasta con la estrategia de presión en la calle que han desplegado sus compañeros de Comisiones Obreras, sindicato que no tenía ningún representante en la concentración de la mañana de este martes.
Menos ruidosa y mucho menos numerosa que las movilizaciones organizadas la semana anterior por CC.OO., la concentración ha durado menos de media hora y consistió en el despliegue de una pancarta con un mensaje en defensa de los empleos.
El presidente del comité de empresa de la fábrica (CIG), Antonio Lafuente, ha explicado que se trataba de "un pequeño acto para visibilizar el problema" y ha avanzado que de las conclusiones extraídas del encuentro previsto para la tarde de este miércoles en Madrid con la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, dependerá el endurecimiento de las manifestaciones.
MESA DE DIÁLOGO. Lafuente ha avanzado que la intención de este comité en ese encuentro con Teresa Ribera es solicitar que agilice la puesta en marcha de una mesa de diálogo comprometida por el secretario de Estado de Medio Ambiente y en la que deberían participar la empresa Ence, las administraciones y los propios trabajadores. "Queremos que se agilice esta mesa de trabajo para poder estar en las decisiones que se vayan a tomar sobre nuestro futuro", ha declarado Antonio Lafuente.
El presidente del comité evitó hacer declaraciones sobre el artículo 18 de la futura Ley del Cambio Climático y sobre la falta de entendimiento con la sección sindical de CC.OO. "Estamos peleando por nuestro futuro, no queremos polémicas", ha indicado, antes de recordar que la prórroga de la concesión de Ence está pendiente de una sentencia de la Audiencia Nacional. "Nuestro problema sigue siendo el juicio, depende de lo que salga nuestro futuro estará aquí o en otro sitio", ha remarcado.
Ence defiende que el complejo de Pontevedra es "totalmente seguro"
Ence ha remarcado, en un comunicado, que el complejo de Pontevedra es "totalmente seguro" y ha esgrimido que "así lo avala la certificación de Aenor que acredita el cumplimiento de la norma internacional ISO 45.001 por parte de la planta, por su robusto sistema de gestión de la seguridad". De hecho, los índices de seguridad de Ence Pontevedra son, año a año, "diez veces mejores que los de la industria en España".
La planta es inspeccionada periódicamente "con resultados satisfactorios", añade, por organismos de control autorizados por la Administración del Estado en los diferentes ámbitos de aplicación de la reglamentación de seguridad industrial.
Ence también vuelve a aludir a que el "susto medioambiental mayúsculo" al que se refería en la intervención del consejero delegado de la empresa dirigida al equipo humano de la empresa "no se refiere en ningún caso a que la planta de Ence en Pontevedra presente actualmente ningún tipo de problema de seguridad para el medioambiente ni para las personas".
"La falta de certidumbre sobre el plazo de la concesión no permitiría, en el futuro, seguir invirtiendo, como la compañía lo ha hecho hasta ahora (132 millones de euros desde 2016). Antes de llegar a una situación en la que existiese el mínimo riesgo de seguridad por falta de inversiones, se tomaría la decisión de cerrar la planta", esgrime la compañía.
Defiende, asimismo, que "el extracto de la intervención del consejero delegado de la empresa, grabado ilegalmente, no debe ser descontextualizado", sino que debe entenderse "como parte de unas palabras dirigidas internamente, en lenguaje coloquial --no formal--, al conjunto del equipo humano de la empresa".
"NO EXISTE UBICACIÓN ALTERNATIVA VIABLE". Ence también defiende que "no existe ninguna ubicación alternativa viable desde un punto de vista técnico (cercanía a un puerto, agua, madera) ni económico (dada la ingente inversión, cercana a 700 millones de euros, que requeriría construir una nueva planta en Galicia)" para construir una nueva fábrica de celulosa en Pontevedra ni en toda la comunidad gallega y se remite a "estudios independientes, como el de la ingeniería Idom".
Según la empresa, As Pontes no podría alojar la planta, por diferentes motivos. En primer lugar, el río Eume, debido a su caudal, no tiene capacidad para absorber el efluente de la fábrica. "Tampoco el lago de As Pontes ya que, aunque el volumen de agua es elevado, la tasa de renovación de este lago artificial es muy reducida, lo que podría dar lugar a graves problemas ambientales (reducción de oxígeno) y afectar a la calidad del agua del lago", añade.
Para la compañía, Plisan "tampoco es una alternativa viable, ante la falta de disponibilidad de agua en el río Miño, así como la inviabilidad de descargar efluentes en el río, además del hecho de ser un río binacional".
Finalmente, la compañía, que reitera su voluntad de diálogo con las administraciones y los trabajadores, subraya que la ubicación de Barro-Meis "quedó descalificada al evaluar la superficie real disponible". Además, el hecho de que haya industrias ya ubicadas allí "imposibilita agrupar una parcela de 35 hectáreas, tamaño que se considera mínimo para ubicar una planta de celulosa del tamaño de la biofábrica de Pontevedra".
