La Mancomunidade de Montes de Pontevedra no acaba de encontrar una explicación para la sangría económica que las comunidades vienen padeciendo en los últimos años por el "pago improcedente" que el Concello les reclama en concepto de IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), cuando hay resoluciones legales y sentencias que son tajantes al respecto: las comunidades de montes están exentas del pago de la tasa municipal popularmente conocida como la contribución.
Representantes de los distintos colectivos parroquiales afectados por la decisión de la Administración local de seguir pasándoles al cobro los recibos del IBI mostraron este lunes, en rueda de prensa, su malestar con el Servizo Tributario Municipal por el abono de "miles de euros" que les requiere anualmente a pesar, aseguran, de tener constancia de la improcedencia del pago.
Esto, señalan, les obliga a tener que echar mano de asesores jurídicos para presentar recursos que cuestan, como en el caso de la comunidad de montes de Salcedo, alrededor de 8.000 euros y que ya no tienen retorno para las arcas de la entidad. Y es que, en caso de no efectuar esta reclamación el Concello les advierte que tendrán que hacer frente a un recargo e incluso bloquear las cuentas de la entidad deudora, una situación que también le impediría acceder a subvenciones oficiales.
"Queremos ter unha xuntanza co alcalde (Miguel Anxo Fernández Lores) e co concelleiro responsable do Servizo Tributario (Raimundo González Carballo) para tratar de resolver o problema da forma máis eficiente posible", indicó Iván Pérez, presidente de la Mancomunidade de Montes.
Las cantidades exigidas en concepto de IBI por los terrenos comunales van desde los 92.000 euros que figuran en el recibo anual correspondiente a la comunidad de montes de Salcedo hasta los 32.000 de Campañó y a los 3.000 de Lérez.
En el caso de Salcedo, el presidente de los comuneros de esta parroquia, Fernando Pintos, recordó que se habían visto obligados a presentar dos recursos ante el Tribunal Económico Administrativo del Concello (con un gasto total de 15.000 euros) para evitar el pago de un total de 300.000 euros correspondientes a la contribución de los ejercicios de 2016, 2017 y 2018. Xosé Carlos Morgade, presidente de la comunidad de montes de Mourente, observa una actitud "prevadicadora" en los servicios tributarios del Concello, además de acusar a la Corporación local de "inacción" en la resolución del "problema técnico e xurídico" y de poner excusas para evitar seguir pasando el IBI al cobro.
"A cousa está clara: hai deixación que nos obliga a despilfarrar en xestorías, recursos e avogados diñeiro que debería ir destinado á atención do monte", sentenció. En caso de no hallar una solución dialogada con el Concello, la Mancomunidade amenaza con iniciar "procedementos legais".
"Las comunidades de montes –sentencia– están exentas del abono del IBI, según la Ley Reguladora de Haciendas Locales, tal y como lo especifica el artículo 62 sobre Exenciones del IBI del Real Decreto 2/2004, del 5 de marzo".
