La Autorización Ambiental Integrada (AAI) de Elnosa vuelve a enfrentar al Concello con la Xunta. La teniente de alcalde de Pontevedra, Carme da Silva, acusó al Gobierno gallego de usar criterios "políticos" y no técnicos en la tramitación de este permiso, que es fundamental para que la clorera pueda mantener su actividad industrial en Lourizán.
La edil nacionalista basó su denuncia en dos argumentos. El primero apunta hacia altos cargos autonómicos. Les reprocha que den por hecho, y en público, que la fábrica vaya a renovar su licencia ambiental antes de que se haya cerrado el proceso de tramitación.
El segundo de los motivos que expuso Da Silva señala a las alegaciones presentadas por el Concello a dicha autorización y que han sido rechazadas. "As decisións non se basean en cuestións de carácter técnico, senón en decisións políticas pactadas non se sabe onde", afirmó.
Da Silva sostiene que la Consellería obvia asuntos como la captación y el consumo de agua y el punto de vertido de la clorera
La teniente de alcalde sostiene que la Consellería de Medio Ambiente, que dirige Beatriz Mato, obvia asuntos que se deberían tener en cuenta en un proceso ambiental de este tipo. Entre ellos figuran cuestiones como la captación y el consumo de agua o el punto de vertido de la clorera. "Non é serio que se vaia dar unha AAI a unha actividade industrial e que se considera que, sobre ela, non hai que ter ningún control sobre onde e como capta a auga ou como a transporta", indicó. "Porque sabemos o que está a pasar coa captación de Ence, que é un colador. Na situación na que estamos —de alerta por seca— non parece rigoroso", añadió.
La respuesta de los técnicos autonómicos no parece haber satisfecho al Concello, al que le dio diez días para responder al informe de la Xunta. Lo hará el próximo lunes, día en el que finaliza este plazo.
Una vez resuelto este trámite, Medio Ambiente tendrá vía libre para emitir sus conclusiones y otorgar la AAI a la planta electroquímica, que a partir del día 11 dejará de producir cloro con mercurio por mandato europeo. Esto supondrá la suspensión de la actividad hasta principios de enero, cuando instale la maquinaria para fabricar más hipoclorito sódico, el único elemento que podrá elaborar por el momento.
En este contexto, la compañía ha anunciado al comité un ERE para despedir a parte de la plantilla debido a la incertidumbre sobre su futuro, que depende del informe de la Dirección General de Costas, que determinará si prorroga o no su actividad más allá de julio de 2018, que es cuando finaliza la concesión para ocupar los terrenos de dominio público marítimo- terrestre en Lourizán. En paralelo, la Xunta tramita un plan supramunicipal similar al aprobado en su día para Ence. El objetivo sería esquivar el veto del Concello al asentamiento industrial.
Para el portavoz del PP, Jacobo Moreira, el dictamen estatal no es más importante que la postura del Gobierno pontevedrés. "Me preocupa más la posición del Ayuntamiento que la de Costas", afirmó.
