La batalla judicial de Ence abre un nuevo frente. Apenas cinco días después de que el Tribunal Supremo publicara las sentencias con las que valida la prórroga de la concesión de la pastera hasta 2073, el Concello anunció este lunes que intentará revocar el veredicto del alto tribunal para sacar a Celulosas de la ría.
La maniobra consistirá en solicitar una "incidencia de nulidad de actuaciones" para que esas sentencias del Supremo sean remitidas a la Audiencia Nacional, el órgano judicial que en 2021 falló en dirección opuesta al alto tribunal, anulando la prórroga de la fábrica en respuesta a los recursos presentados por el propio Concello, Greenpeace y la APDR.
Según explicó este la portavoz del Gobierno local, Anabel Gulías, la decisión fue adoptada al considerar que, aún habiendo fallado a su favor, la Audiencia Nacional no valoró todos los motivos expuestos en el caso, sino que ciñó al artículo 32.1 de la Ley de Costas, un punto que limita la ocupación del litoral a todas aquellas actividades que, por su naturaleza, no pueden estar en otra ubicación.
En palabras de la nacionalista, esto generó "indefensión" en el Concello, ya que la Administración local no solo esgrimió ese argumento en su recurso, "senón moitos máis motivos" que ahora pretende reenviar al seno de la Audiencia para defenderse "con todas as garantías dun proceso xudicial xusto, igualitario e efectivo".
Los otros motivos
Aparte de entrar en conflicto con la normativa que regula los terrenos de dominio público marítimo-terrestre, la portavoz del Gobierno local incidió en que la prórroga de Ence vulnera legislación ambiental autonómica, como las Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) o el Plan de Ordenación do Litoral (POL), y en que la prórroga no podía haber sido concedida por un Gobierno "en tiempo de descuento", en alusión al Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, que en 2016 dio luz verde a ampliar la concesión de Celulosas durante 60 años más.
Además, argumentó que la prórroga fue otorgada sin concurrencia competitiva, un sistema que habría permitido la presentación de otros candidatos a ocupar los terrenos de Lourizán y que, según dijo, sí se aplicó en la adjudicación de los quioscos "que estaban na beira de este emblemático lugar natural", cuyas concesiones "non se otorgaron a dedo".
El Concello asegura que la prórroga vulnera normativa ambiental y no garantiza la concurrencia competitiva
Vinculado con esto, la nacionalista señaló que la autorización debería haber tenido en cuenta la Directiva de Servicios de la Unión Europea, una norma comunitaria que establece que en este tipo de procesos tiene que regir la concurrencia competitiva y que, precisamente, ha llevado a la Comisión Europea a abrir un expediente a España por su sistema de concesión de prórrogas y concesiones.
Además, Gulías añadió que la prórroga "caducou" en 2018 (cuando se cumplieron los 30 años que concedió la Ley de Costas de 1988) y subrayó la escasez de agua "que vivimos este verán". Una circunstancia que, en su opinión, "é outro motivo polo que a pasteira non debe estar no lugar no que está", ya que, pese a haber puesto en marcha un plan para reciclar las aguas residuales de la EDAR de Praceres, Ence capta la mayor parte del agua que consume del río Lérez, el principal suministrador de agua de Pontevedra, Poio, Marín y Bueu.
"Por terra, mar e aire comezamos o proceso para devolver as veciñas e os veciños o espazo que lles pertence", concluyó.
Las claves del proceso
El 16 de julio del 2021 la Audiencia Nacional concluyó que la prórroga de Ence concedida hasta 2073 no se ajustaba a derecho, ya que Ence no había justificado debidamente la necesidad de ocupar terrenos de dominio público marítimo-terrestre para desarrollar su actividad.
Gulías dice que el Gobierno local comiezan el proceso por terra, mar e aire para devolver aos veciños o espazo que lles pertence
Sin embargo, el Tribunal Supremo anticipó el pasado 7 de febrero y confirmó el pasado 8 de marzo que las concesiones anteriores a la Ley de Costas pueden ser ampliadas siempre que existan informes ambientales favorables, algo que considera que se da en el caso de Celulosas, cuya concesión data de 1958 y cuya prórroga obtuvo luz verde de la Xunta.
Las plantas de producción obtienen la certificación residuo cero
Ence, que sostiene que el Tribunal Supremo avala sin fisuras "la validez de la prórroga", emitió este lunes un comunicado para informar de que las fábricas de Celulosa de Pontevedra y Navia, así como las plantas de generación de Energía Renovable del grupo, cuentan con la certificación Residuo Cero, una acreditación que otorga Aenor a todas aquellas organizaciones que llevan a cabo una "gestión eficiente de sus residuos y que son capaces de valorizarlos".
Fuentes oficiales de la compañía precisaron que este certificado "acredita la valorización" de todos los residuos que se generan en las plantas, ya sea mediante su reciclaje o valorización energética, "evitando de esta manera su traslado a vertederos". Además, añadieron que acredita la trazabilidad de todo el proceso y que constata los datos relativos a la cantidad de las distintas fracciones de residuos.
"Esto demuestra la gestión eficiente de todas las instalaciones del grupo Ence, que evitan que los residuos acaben en vertederos, y los reintroducen en su cadena de valor, dándoles una nueva vida", añadieron.
Economía circular
La compañía subrayó que la concesión de este certificado respalda la apuesta de la compañía por el modelo de economía circular, ya que "promueve una gestión adecuada de los residuos a través del aprovechamiento responsable, eficiente y sostenible de los recursos".
Las mismas fuentes precisaron que la actividad de las fábricas de Ence y de sus plantas de energía renovable son un ejemplo de contribución a la economía circular. Por un lado, porque en todo el proceso de producción de celulosa las plantas producen y operan con materiales naturales, renovables y reciclables; y por otro, porque generan energía eléctrica renovable a partir de la biomasa.
Al mismo tiempo, en las plantas de energía renovable del grupo, la generación de energía con biomasa "evita la mala gestión de los restos agroforestales". Algo que, sumado a lo anterior, es para Ence señal del "compromiso" del grupo empresarial "con la sostenibilidad, la bioeconomía circular y el cuidado del medio ambiente".
En el proceso se prevé hacer uso del voto particular que emitió la magistrada progresista del Supremo Ángeles Huet que, como el Concello, considera que la prórroga no debería haber sido otorgada. Entre otros motivos, porque interpreta la Ley de Costas de otro modo que el resto de magistrados y por las normas comunitarias
