El Concello de Pontevedra mantiene su rechazo a que Ence se adscriba al Puerto de Marín para tratar de lograr su continuidad en la ría. Lo hizo en 2005, cuando Alberto Núñez Feijóo era conselleiro de Política Territorial en la Xunta de Manuel Fraga y planteó esta medida para sacar adelante el proyecto de fábrica de papel tisú; continuó en 2011, cuando se discutía el fin de la concesión a la pastera, prevista en 2018 (y que luego se prorrogó a través de un cambio en la Ley de Costas), y vuelve a hacerlo ahora. "Volver a esta vía é crear expectativas absurdas e marear os traballadores", señaló este martes en rueda de prensa el concejal de Ordenación do Territorio, Cesáreo Mosquera.
El edil del BNG recuerda que cuando el Gobierno gallego planteó este escenario hace 16 años obtuvo el informe negativo de tres técnicos municipales, entre ellos juristas e ingenieros, y el 'no' de un estudio externo encargado al experto en urbanismo y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco Javier Jiménez de Cisneros. El que fuera ponente de la Ley de Puertos, de la Ley de Costas y de la Lei do Solo aseguró en sus conclusiones que la idea era "irracional".
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Mosquera apeló a estos documentos, que indicaban que la regulación no contemplaría la posibilidad de vincular la actividad industrial de la pastera al Puerto, y recordó que la iniciativa que ahora rescata el PP en la Xunta y que apoyan los comités de empresa, vulnera la ley. Los terrenos de dominio público marítimo-terrestre, que es donde se asienta Celulosas, gozan de un carácter "inalienable, imprescriptible e inembargable". "Neste momento sería peor porque sería saltarse unha sentenza. Tería moito menos percorrido que o plantexado no ano 2005", dijo en referencia a la resolución de la Audiencia Nacional que anuló la prórroga de 60 años otorgada a Ence.
El nacionalista sostiene que la propuesta que el Ejecutivo de Feijóo trasladará al Gobierno central busca "vías fraudulentas e prevaricadoras" y puso en entredicho el contenido del informe que se encargará al Consello Consultivo de Galicia. "Todos sabemos como funciona", señaló en referencia a quién elige los miembros de este organismo. "É previsible que saque calquera ditame esotérico. Un paso sen ningunha relevancia", añadió.
El popular Rafa Domínguez defiende que es "la única solución viable"
A quién sí le parece bien adscribir Ence al Puerto de Marín es al PP local. Su presidente, Rafa Domínguez, compareció este martes ante la prensa para asegurar que esta alternativa puede "mantener la actividad" de la empresa en Lourizán y que "tantas familias mantengan el empleo incluso con una sentencia en contra".
El líder del principal partido de la oposición aseguró que esta es "la única solución viable en este momento" y pidió al alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y al PSOE a nivel nacional que valoren esta opción, que ya se descartó en la última mesa del diálogo impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Domínguez también hizo una petición pública para no caldear el conflicto de Ence. "Le pido a todo el mundo que rebaje la tensión", dijo tras referirse únicamente a Lores, a quien culpa de "no respetar a las 500 familias que se pueden ir al paro" y de gobernar "desde el rencor y la prepotencia. "Llamar a los trabajadores Enceborroka no ayuda", sentenció.
La reacción del jefe del PP pontevedrés tuvo respuesta por parte del BNG a través de su edil de Ordenación do Territorio. "Supoño que as hostias que estivo a punto de levar Lores deberon tensionar moito. Hai que ter unha jeta como un zapato. Hai que ter unha cara dura, dura, dura para jalear aos que o fixeron", dijo en referencia al asalto a la Alcaldía por parte de delegados de Comisiones Obreras y del boicot al pregón de las Festas da Peregrina. "Aquí confundimos as vítimas cos violentos", sentenció Mosquera, que reivindicó cualquier acto de protesta, pero no "a violencia directa e persoal".
Desde el comité señalan que explorar esta única vía como solución "é moi preocupante, porque parece que só queren deixar correr o tempo enredándonos en consultas legais". Añaden que "todos lembramos o intento nos tempos pretéritos de pasar os terreos ao porto de Marín, fracasando no intento".
A partir de ahí, inciden en que "se exploren todas as vías posibles para garantir a continuidade dos nosos postos de traballo".
Sin embargo, este lunes, el comité de empresa de oficinas subrayó que la medida asumida por la Xunta serviría para que la fábrica pudiese mantener su actividad en Pontevedra.
