El Concello incrementa los fondos para la renta social

La renta social municipal contará este año con más fondos. La partida presupuestaria para esta ayuda, que está dirigida a personas en riesgo de pobreza, pasa de los 200.000 euros de 2020 a los 329.400 euros para el presente ejercicio, lo que supone un incremento del 39,4%.

Según los datos facilitados este jueves por la Concellería de Benestar Social, que dirige Marcos Rey, el número de beneficiarios a inicios de este mes se sitúa en diez. La mayor parte de ellos son jóvenes que han salido de centros de menores, como el Príncipe Felipe, y buscan una oportunidad laboral. Muchos de ellos están cursando programas de Formación Profesional (FP) en ramas como la peluquería y la estética o la electrónica.

La renta social, que se tramita como una subvención, tiene una duración de seis meses, prorrogables por seis más. Y el acceso a ella está condicionada por una serie de requisitos que los servicios sociales del Concello se encargan de baremar. El objetivo de programa es lograr la reinserción laboral de vecinos en situación vulnerable.

La ayuda municipal se puso en marcha el verano pasado, por lo que es difícil establecer un perfil de los beneficiarios. Así lo reconocen desde la Concellería de Benestar Social, que recuerdan que entre los expedientes activos figuran casos de diversa índole: desde parados de larga duración hasta familias monoparentales que sobreviven de la economía sumergida, personas con alguna discapacidad o ciudadanos que han desarrollado algún tipo de adicción al alcohol y otras drogas.

"O teléfono dos servizos sociais soa practicamente todo o día", dice Rey, que destaca el trabajo de los técnicos en la pandemia

REPUNTE. La crisis económica asociada a la pandemia del coronavirus podría hacer repuntar las solicitudes de la renta social. Es el escenario con el que trabajan desde el Concello, desde donde señalan que el número actual de beneficiarios es relativamente bajo por dos circunstancias: el Ingreso Mínimo Vital, impulsado el año pasado por el Gobierno central, y la Risga, que gestiona la Xunta. Ambos programas son incompatibles con las ayudas municipales, que ascienden a 411,75 euros al mes para familias de un solo miembro y a 494 euros si la unidad está formada por dos personas.

El edil de Benestar Social, Marcos Rey, asegura que el trabajo de los departamentos técnicos ha sido muy importante desde la aparición de la covid-19. "O teléfono dos servizos sociais soa practicamente todo o día", dice sobre las llamadas de vecinos que se ponen en contacto con su departamento para consultar dudas o iniciar trámites. Las restricciones sanitarias han obligado a responder citas por vía telefónica. Solo las más complejas se resuelven de forma presencial.

Rey asegura que el número de pontevedreses en riesgo de exclusión social ha aumentado desde el año pasado debido a la pandemia. "O crecemento é constante, pero non tan esaxerado como se esperaba", añade el edil del PSOE, que recuerda que su departamento mantiene activas otras líneas de ayuda a los sectores más vulnerables de la población. Entre ellas, las de Emerxencia Social, que cuentan para este año con una partida inicial de 100.000 euros y que se utilizan esencialmente para atender cuestiones urgentes como pagos de alquiler y facturas o adquisición de productos o servicios de primera necesidad.

Benestar Social reserva una partida inicial de 100.000 euros este año para atender casos de emergencia, como pago de alquileres y facturas

OTRAS AYUDAS. Otra de las líneas de apoyo social a la que pueden acceder los pontevedreses es la Risga, que tramita la Consellería de Política Social. De enero a noviembre del año pasado se concedieron 296 ayudas de este tipo a vecinos de Pontevedra, 25 menos que durante el mismo período del ejercicio anterior. La incompatibilidad de esta renta de más de 400 euros con el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno de España y de la subvención social del Concello explican esta bajada.

A mayores, se adjudicó 113 Axudas de Emerxencia Social en los primeros once meses de 2020. Ambos programas autonómicos movilizaron 1.793.548 euros.