serafín alonso
PONTEVEDRA. El Concello insta a la Xunta a demoler una nave ilegal de desguaces situada en el lugar de Vilafranca, en la parroquia de Marcón. La instalación en cuestión, promovida por la empresa Desguaces Outón e Hijos S.L., fue denunciada en 2004 por carecer de la obligatoria licencia municipal. El complejo industrial se estaba construyendo en terrenos de suelo rústico no urbanizables, según el PXOM.
Por aquel entonces, los servicios urbanísticos municipales paralizaron la obra de construcción de dicha nave, que contaba con cerchas metálicas de 20 metros de largo por 18 de ancho y de una altura media de 4,5 metros. La parcela estaba delimitada por un muro de hormigón de 2,5 metros de alto y la totalidad de la superficie se había rellenado con hormigón.
La intervención del Concello fue trasladada a la Consellería de Ordenación do Territorio, con competencias en la materia, para la demolición de la estructura y la restitución de la legalidad de los terrenos de Marcón. En 2006, la Xunta ratificó que aquellas obras eran ilegales y dio orden de derribar lo que se había construido.
A partir de ahí, el expediente inició un recorrido administrativo del que aún no se tienen noticias. El propietario de Desguaces Outón e Hijos presentó un recurso de reposición contra la resolución autonómica para tratar de sacar adelante su nave, pero no salió adelante. Se desestimó en 2008.
En 2011, tras un recurso previo ante otra instancia, la promotora tampoco logró dar legalidad a su futuro desguace. Desde entonces, la nave se encuentra en la misma situación irregular pese a los requerimientos de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU).
«Solicitamos medidas á Xunta posto que esta situación segue a provocar certo malestar veciñal no lugar e algún que outro problema de carácter medioambiental ó ter acumulado residuos», afirmó Gulías, que además de instar a la demolición de la estructura solicita a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda la información completa del citado expediente urbanístico.
PIQUETA, EN 2019. La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística demolió cinco inmuebles en Pontevedra por saltarse la normativa urbanística. Todas las edificaciones, de uso residencial, ocupaban suelo no urbanizable común.
Las construcciones con orden de derribo se encontraban en el lugar de Espadaneira, Touceda (parroquia de Alba), Cabaleiro (Campañó) y en el núcleo de O Regueiriño (Lourizán).
