El Concello acaba de sepultar el proyecto de crematorio que Funespaña impulsó en San Amaro. Y lo ha hecho a través de la caducidad de una de las licencias necesarias para la promoción de esta instalación, la relacionada con la urbanización del vial de acceso al negocio funerario.
La portavoz municipal, Anabel Gulías, explicó que los servicios técnicos han dictado la extinción de este proceso administrativo por dos razones. La primera de ellas tiene que ver con el incumplimiento de los plazos y la segunda está vinculada a que la compañía no presentó ninguna documentación para la adquisición de los terrenos públicos necesarios para desarrollar el crematorio y garantizar así un aparcamiento y otras cuestiones relacionadas con la accesibilidad.
Aunque ahora se abrirá una fase de alegaciones, Gulías señaló este lunes la dificultad de que la promotora pueda justificar la paralización de la obra, sobre todo en los aspectos relacionados con la compra de las parcelas necesarias para el estacionamiento.
El proyecto de Funespaña en San Amaro está plagado de reveses desde su aprobación en 2009. La intención de la empresa era construir un horno al lado del cementerio de dicha parroquia, lo que provocó revuelo vecinal y la consecuente creación de una plataforma de afectados.
La iniciativa superó distintos trámites, entre ellos, el informe ambiental exigido por la Xunta, que en 2015 llegó a asegurar que este permiso había caducado. Desde aquel año, el plan del crematorio se metió en el cajón. Y por varios motivos, entre ellos, el futuro incierto de la compañía, cuyo capital fue absorbido en su mayor parte por la aseguradora Mapfre a través de una Oferta Pública de Adquisición, es decir, una OPA. A partir de entonces, las inversiones de la firma quedaron en suspenso y la posible fusión de Funespaña con Santa Lucía, autorizada este año por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tampoco ayudó a desbloquear proyectos en cartera.
En la actualidad, el de Funespaña era la única iniciativa de crematorio en pie en Pontevedra, en la que se llegaron a proyectar hasta cinco construcciones de este tipo, lo que llevó al Concello a regular el sector. La ordenanza municipal, aprobada en 2014, fue tumbada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y más tarde por el Tribunal Supremo. Este último rechazó un recurso del Concello contra la anulación de esta normativa, que prohibía construir estos hornos a menos de 50 metros de las casas. A partir de este auto, el Ejecutivo local solo puede suspender licencias en el casco urbano, pero no en zonas rústicas.
