La entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos para el sector público pondrá patas arriba a los concellos. Las administraciones locales llevan varios meses acelerando la tramitación de obras y servicios para evitar que estos cambios legislativos, que empezarán a aplicarse el viernes, supongan una demora aún mayor de sus proyectos.
A pesar de que la normativa busca una mayor transparencia en la contratación pública, lo cierto es que los ayuntamientos han puesto el grito en el cielo. El principal motivo son los cambios en torno a los contratos de menor cuantía económica, los más utilizados a nivel municipal.
El reglamento estatal, que se aplica en virtud de directivas europeas, limitará los contratos menores. Los de obras pasarán de 50.000 a 40.000 euros y los vinculados a suministros se reducirán de 18.000 a 15.000 euros (sin incluir IVA).
El portavoz del Concello de Pontevedra y concejal de Facenda, Raimundo González Carballo (BNG), explica que este tipo de contratas suponen una importante vía de ingresos para el tejido empresarial local. Bajo este paraguas, el Gobierno local realiza operaciones como la reparación de los vehículos municipales o la compra de material de fontanería o relacionado con la construcción (cemento, por ejemplo). "Esta é unha lei feita a medida das grandes empresas e das grandes corporacións. Non lles chegaba todo o que comen que queren comer máis", señala.
González Carballo asegura que la aplicación de esta normativa "pode significar a liquidación de moitísimas empresas locais". "Tamén vai xerar máis burocracia e atrasos na adxudicación de novos proxectos", apunta.
La nueva Ley de Contratos suprimirá los negociados sin publicidad, en los que los ayuntamientos invitaban a tres empresas para adjudicar alguna actuación. Bajo esta modalidad se contrató, por ejemplo, la obra para llevar el agua potable a los vecinos del barrio de Os Areás, en Mourente. Los trabajos recayeron finalmente en una firma, Oserco, que rebajó el presupuesto inicial en casi un 20%, hasta los 84.022 euros.
Concellos como el de Pontevedra se han adelantado a la normativa para evitar que algunos proyectos tengan que "resetearse". Es el caso de las cuatro actuaciones licitadas este mismo miércoles a través del Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y que superan los 2,9 millones de euros. Se trata de la construcción de los campos de fútbol de hierba sintética de Ponte Sampaio (1.397.120,20euros) y Campañó (999.437,36 euros), la creación del parque infantil de Campolongo (300.000 euros) y la contratación durante cuatro años del servicio de atención familiar a menores en situación de pobreza (495.000 euros).
En Marín
Marín también ha agilizado alguno de sus proyectos, como el de la gestión de su piscina pública. El Diario Oficial de Galicia (DOG) licitó el martes la explotación de esta instalación durante cinco años y por un importe inicial de más de 1,8 millones de euros.
La alcaldesa de la villa morracense, María Ramallo, es más prudente a la hora de atacar la nueva Ley. "No es el primer cambio de normativa que nos afecta. Nuestros funcionarios han ido a cursos de formación", comenta.
La regidora popular reconoce, sin embargo, que "puede haber un parón por las dudas en su aplicación". "Hay peroyectos que tendremos que adaptar a la nueva Ley", zanjó.
En Poio
El alcalde de Poio, el nacionalista Luciano Sobral, se muestra mucho más preocupado que su vecina. "É un disparate. Vanlle poñer máis atrancos á autonomía local e á resolución dos problemas da cidadanía", subraya.
Sobral considera que el nuevo reglamento entorpecerá la labor política y funcionarial, introducirá más papeleo para contratar proyectos y solo beneficiará a las grandes compañías. "As empresas máis pequenas, as de aquí, que queiran competir contra os grandes xigantes terano máis complicado", explica. "Teremos que facer paquetes de obras e sacalos a concursos. Dará máis traballo e as obras pódense ralentizar", añade.
En Ponte Caldelas
El alcalde de Ponte Caldelas, el socialista Andrés Díaz, no escatima críticas a la normativa. "Creo que os concellos pequenos estamos a pagar o pato, unha vez máis, dos pecados das administracións máis grandes, como a Xunta, á que o Consello Consultivo a ten amonestado por adxudicar a dedo gran parte do seu enorme volume de contratación. Hai pouco publicábase que a Xunta de Galicia fai preto de 100 contratos menores á semana. Iso si que é un abuso", dijo en referencia a las limitaciones que plantea la futura Ley.
La aplicación práctica de las nuevas reglas de contratación pública significarán, según el regidor del PSOE, una "ralentización da actividade municipal, especialmente nos concellso pequenos, onde non dispoñemos de departamentos enteiros de Contratación para manexar complexos requisitos das licitacións en aberto". "Os concellos do rural facemos moitas obras pequenas e precisamos subministros e servizos para atender as demandas dos cidadáns", concluye.
