Los Concellos hacen números. Pero las cuentas o no salen o, cuando lo hacen, cuadran a duras penas. En plena elaboración de los presupuestos municipales para 2021, los gobiernos locales de la comarca hacen cábalas para calcular el dinero que podrán destinar a las ayudas sociales y sectoriales para los sectores más perjudicados por el azote de la pandemia. Desbloqueados los remanentes que el Gobierno amenazó en un primer momento con seguir reteniendo, queda todavía por conocer el margen de endeudamiento del que podrán echar mano los Concellos, y también los fondos concretos que cada casa consistorial recibirá del Estado. La queja es casi tan global como profunda: No hay tiempo. Lo repiten los alcaldes hasta la saciedad y todos coinciden en que es necesario actuar con premura haciendo uso de medidas fiscales, exenciones, ayudas directas y planes de estimulación económica. Para ello reclaman una parte de los fondos europeos con los que Bruselas regará a España y que el Gobierno central, al menos hasta ahora, no ha querido aclarar si llegarán hasta los ayuntamientos.
Con un ojo puesto en la evolución de la pandemia y otro en la economía, los concellos exigen ahora medios para seguir apoyando a sus administrados. Eso y una mejora del comportamiento sanitario social. De la seriedad con la que cada familia, jóvenes y mayores, afronten las medidas de prevención contra el virus dependerá en buena medida la profundidad de las heridas económicas que traerá esta crisis.
Por ahora, el panorama pinta mal en la línea más pegada a la calle. Cientos de pymes han tirado la toalla entre la primera y la segunda ola del coronavirus, con sectores especialmente castigados como la hostelería, el ocio, la hospedería o el comercio. En la comarca, como en el resto de la comunidad, se consume menos, porque también se gana menos. Casi un tercio de la población activa en posesión de un contrato laboral ha pasado por algún Expediente de Regulación Temporal de Empleo o, en su defecto, ha pactado rebajas salariales para que sus respectivas empresas subsitieran. Y más de un 90% de los autónomos declaran pérdidas y admiten que han valorado o están valorando echar el cierre y pensar en un cambio de actividad.
Los servicios sociales han disparado entre un 30 y un 40% su actividad para paliar el aplastamiento de las franjas más débiles de las clases medias, descolgadas hasta el umbral de la miseria en apenas unos meses. Familias hasta ahora donantes de solidaridad para combatir la pobreza engrosan ahora la lista de los necesitados de solidaridad.
Las administraciones locales saben que están obligadas a contribuir más que nunca para evitar una brecha social generada por la falta de actividad comercial asociada a la pandemia. Los gobiernos de los ayuntamientos, los más pegados a la calle, trabajan en medidas de urgencia, cada uno adaptando la profundidad de las mismas a la capacidad de sus arcas públicas y a la realidad de sus territorios. Pero falta lo que todos consideran más perentorio: aclarar los márgenes presupuestarios y mejorar la dotación de fondos... también los europeos.
