Concluye la instrucción de la pieza de la Patos que investiga a Rafael Louzán y Luisa Piñeiro

La Audiencia Provincial rechaza los recursos de los investigados y entiende que "hay elementos indiciarios suficientes" de los delitos
Registros policiales en la Deputación en la operación Patos. DAVID FREIRE
photo_camera Registros policiales en la Deputación en la operación Patos. DAVID FREIRE

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha rechazado los recursos presentados por los representantes legales de los investigados en la pieza separada de la operación Patos que instruyó el Juzgado de Instrucción 1 de A Parda. El auto de la Audiencia deja claro que la fase instructora ya ha concluido, pese a que las partes solicitaban la práctica de más pruebas que consideraban relevantes. El tribunal, sin embargo, explica que la transformación de las diligencias en Procedimiento Abreviado (lo que pone fin a la Instrucción y acerca a los investigados al juicio oral) "no es una preparación de la condena. Se trata de la mera conclusión de una fase sumarial que ni prejuzga ni determina el resultado final de la causa".

Los hechos que se investigan tienen que ver con el pago de unas supuestas obras de mejora en el campo de fútbol de Moraña licitadas y adjudicadas por la Deputación de Pontevedra cuando era presidente Rafael Louzán y diputada Begoña Estévez. Ambos están entre los investigados, junto a varias personas más, incluida la alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, por presunta prevaricación. La acusación mantiene que la empresa Construcciones Eiriña ingresó el dinero por unos trabajos que, según parece, ya se habían ejecutado, y ello fue así después de un concurso en el que otras dos empresas se presentaron sabiendo que no iban a resultar ganadoras, por lo que sus responsables también son investigados.

La Audiencia añade en su auto que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) asegura que "hay elementos indiciarios suficientes que los propios recurrentes tratan de combatir, y por lo tanto conocen, sosteniendo en vía de recurso la inexistencia del delito", una conducta que el tribunal señala como apropiada cuando llegue el momento del juicio.

El fiscal sostiene que los procesados "idearon un sistema artificioso" para hacer efectivo el pago de cerca de 90.000 euros a la empresa Eiriña de las arcas de la Deputación. Por ello, los acusados podrían enfrentarse a penas de más de tres años de cárcel.