Un delito de abandono de familia en su modalidad de incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad es el que se atribuyó a dos padres que, tras el confinamiento y los primeros meses de restricciones de la covid-19, decidieron no enviar a sus hijos a sus centros escolares (un colegio y un instituto ubicados muy cerca de Pontevedra), a pesar de hallarse en edad de escolarización obligatoria. El dictamen, firmado por el Juzgado de lo Penal 3 de A Parda, acaba de ser validado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, y contempla sendas penas de multa de seis meses con cuotas diarias de tres euros, lo que suma sanciones de 540 euros para cada uno de los infractores.
Los hechos se produjeron, según detalla la sentencia, a partir de marzo de 2020, cuando los menores "no asistieron regularmente a clases", de forma que uno de los chicos acumuló 214 faltas de asistencia sin justificar (el mayor de ellos, de 14 años en el momento en el que sucedieron los hechos), mientras que el otro sumó 167 ausencias. "No existe implicación de los acusados en su obligación de educación y formación de sus referidos hijos, que incluso no se pusieron en contacto con los centros ni acudieron en la mayoría de las ocasiones en las que fueron citados".
En el juicio, la tutora de uno de los menores declaró que las faltas "eran continuadas" y que "tras ponerse en contacto con los padres para que justificaran las mismas no lo hicieron, invocando la situación de la pandemia". Hay que señalar que el expediente se abrió en diciembre de 2020, varios meses después del inicio del curso escolar posterior al confinamiento.
El tutor de otro de los niños indicó que llegó a reunirse con los ahora condenados, que aseguraron que "iban a cambiar", algo que no hicieron. "Durante el mes de enero por un fuerte brote de coronavirus en la zona donde residían se justificó la falta de asistencia, pero posteriormente continuaron faltando sin justificación".
Los progenitores volvieron a ser llamados en marzo de 2021, en este caso por la Fiscalía, para advertirles de las consecuencias del absentismo continuado de sus hijos, pese a lo que tampoco recondujeron la situación.
